El vicepresidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú hizo un llamado a adoptar mano dura con la minería informal registrada en Reinfo.

Lima, 18 de abril de 2024. En su más reciente columna "Semáforo Minero", Juan Carlos Ortiz, vicepresidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), ha destacado la diversidad de escenarios que enfrenta la industria minera del país. Ortiz señaló que se vislumbran tanto oportunidades de crecimiento como desafíos regulatorios y preocupaciones por la seguridad.

El optimismo ha sido avivado por las declaraciones de Miguel Cardozo, director del IIMP, quien resaltó el potencial del país para duplicar su producción de cobre, generando así una luz de esperanza en el sector minero. El cobre, siendo uno de los principales impulsores de la economía peruana y representando el 70% de la cartera de proyectos mineros, ha experimentado un aumento en los precios que superan los US$ 4 la libra.

Sin embargo, este panorama positivo se ve empañado por una serie de desafíos críticos que podrían obstaculizar el camino hacia un futuro próspero. Ortiz resaltó la disminución de la inversión en exploración minera, que este año apenas llegaría a los US$ 500 millones, cifra significativamente inferior a los niveles alcanzados en 2012.

Además, el ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, ha emitido una advertencia sobre el "uso distorsionado" del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), planteando serias preocupaciones sobre la efectividad de las políticas destinadas a combatir la minería ilegal.

Ortiz hizo hincapié en la necesidad de que el país adopte medidas más estrictas y proactivas en la gestión del Reinfo, especialmente para abordar la falta de actualización de información por parte de mineros informales. "Es sabido que muchos mineros informales se han registrado, pero no han actualizado su estado, por lo que es indispensable que se tomen las medidas correctivas para que esta situación cambie", añadió.

Por último, Ortiz recordó el reciente atentado en Minera Poderosa, ubicada en Pataz (La Libertad), donde dos torres de alta tensión fueron atacadas, dejando un saldo trágico de un muerto y dos heridos.

"Es esencial abordar estas cuestiones con seriedad y determinación para encontrar un equilibrio entre el desarrollo económico, la protección del medio ambiente y los derechos de las comunidades locales", concluyó en su columna.