En conferencia de prensa con motivo del lanzamiento de PERUMIN 36 en Arequipa, el Ing. Miguel Cardozo cuestionó la propuesta de convertir a las comunidades en accionistas de las empresas mineras para generar una retribución económica y eliminar conflictos sociales, como algunos sugieren para solucionar el impasse entre Las Bambas y ciertas localidades.

Para el reconocido geólogo, esta propuesta resulta desmedida pues con el tiempo no solo se buscaría hacer accionistas a las comunidades comprendidas dentro del área de impacto directo e indirecto, sino también a aquellas que se encuentran cercanas a la carretera por donde transitan los vehículos que llevan los concentrados minerales hacia el puerto.

“Usted prenda la chispa y verá que vamos a terminar dando acciones a comunidades en Lima por la producción minera de otras regiones. Se dice que eso puede resolver la conflictividad, pero les aseguro que no sucederá así, porque los derechos comienzan a ser exigibles cuando algunos quedan excluidos y es un peligro enorme estar hablando así”, advirtió.  

Además, el también director del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú subrayó que la conflictividad se genera cuando se provocan las condiciones para ello, y esas condiciones no son siempre justificadas, ya que en ocasiones estas se crean con el fin de satisfacer intereses particulares, aprovechando la falta de coordinación entre los diferentes niveles de gobierno.

“La conflictividad surge porque puede que no haya inversión suficiente en los distritos o porque quizá a alguien se le ocurrió hacer dinero en base a protestas, interrumpiendo ilegalmente las vías que se ubican a 300 km de la mina. Estamos perdiendo competitividad e inversiones. Y esto debe resolver a través del diálogo y no de la fuerza”, reflexionó.

Por esta razón, invocó a los municipios a enfocar correctamente la ejecución del presupuesto financiado en gran parte por el canon y regalías mineras, y que asuman un rol mediador y resolutivo en casos de alta conflictividad, como lo es el reciente desconocimiento de algunas comunidades respecto a los acuerdos de compra de terrenos con empresas mineras. 

“El hecho de manifestar que el precio que les pagaron por sus tierras ya no les gusta es un principio que nosotros no debiéramos aceptar como sociedad. Esto no tiene sentido desde el punto de vista económico ni social. Aquí debemos saber gobernar, interactuar, coordinar y trabajar juntos para que esas cosas no suceda y se cierren las brechas”, señaló.

Consultado también por la propuesta de darle un valor industrial a los concentrados de minerales, el ejecutivo afirmó que las empresas especializadas en la extracción de minerales no siempre cuentan con las capacidades técnicas ni el capital suficiente para construir fundiciones o refinerías donde se pueda transformar la materia prima en nuevos derivados.

“Solo contamos con las plantas industriales de Ilo y Cajamarquilla en Perú, pero es una aspiración a futuro que más instalaciones de este tipo puedan operar, así que no es algo que se le deba exigir a la actividad minera extractiva si no tiene capacidades financieras ni técnicas como para hacerlo. El que produce cuero no necesariamente sabe producir zapatos”, indicó.