Por: Darío Zegarra, vicepresidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú

Lima, 18 de setiembre de 2023. Recientemente la empresa minera Buenaventura dio a conocer la aprobación del EIA del proyecto minero Yumpag (Pasco), que además de incrementar su producción le permitirá prolongar la vida de su mina Uchucchacua por unos 15 años más. Un anuncio que cae muy bien en medio de una crisis generalizada en el país que mantiene estancado al sector.

Se trata de dos yacimientos relativamente cercanos. Uno greenfield de alta ley de plata como es Yumpag (Pasco) y otro brownfield como, Uchuchaccua (Lima), cuya sinergia les da un valor realmente significativo. Se proyecta que ambas minas en un futuro sean unidas a través de un túnel interior.  

La aprobación de este EIA acerca a Yumpag cada vez más a su fase productiva, la cual se estima para fines del 2023, junto al reinicio de Uchuchaccua. El siguiente paso de Buenaventura será iniciar los trámites ante el Minem para obtener las autorizaciones para el inicio de explotación de esta mina satélite.

De otro lado, la actual ministra del Ambiente, en una reciente presentación en el Congreso de la República, informó que la OEFA empezará a fiscalizar los compromisos sociales asumidos por las empresas, además de los compromisos ambientales, para lo cual vienen trabajando en una metodología.

Un anuncio que consideramos merece antes que todo una revisión de las cifras actuales de compromisos derivados de los conflictos sociales a nivel nacional y una reflexión al respecto para tener un mejor panorama y tomar las decisiones más acertadas.

Según el reporte más reciente de la PCM, del total de compromisos pendientes registrados a nivel nacional, más del 80% pertenecen a entidades del gobierno nacional (2724 compromisos) y de los gobiernos subnacionales (733), mientras que solo el 10% le corresponde a las empresas (434 compromisos).

En el caso de las empresas, podemos decir que estas cuentan con mecanismos de seguimiento y cumplimiento de compromisos registrados en sus respectivos instrumentos de gestión ambiental, los cuales son fiscalizables, sin embargo, no se podría opinar lo mismo sobre la gestión del Estado.

Pues, ¿qué mecanismos tenemos para asegurar que se honren los compromisos del Estado? o ¿qué institución tiene el encargo de fiscalizar y cuál de asegurar que los compromisos del Estado se cumplan? Estas son algunas preguntas válidas que surgen debido a esta problemática.

Debemos conocer bien la causa raíz del incumplimiento de compromisos y su efecto en la legitimidad del Estado para liderar espacios de diálogo entre empresas y comunidades. Si no hacemos esta reflexión no vamos a salir de esta espiral que no le hace bien ni al país, ni a las empresas, ni a los ciudadanos.

Todo ello nos dice que es más que importante la presencia efectiva de Estado, no solo para el cumplimiento de sus compromisos, sino también para abordar otras problemáticas en el país como el crecimiento de la minería ilegal, que ha alcanzado niveles delincuenciales, afectando a la sociedad, la economía y la seguridad nacional. 

Es evidente que este es un problema real que necesita ir más allá de las acciones de interdicción realizadas por el Estado en varias regiones y pasar a una solución integral, que contemple las opiniones de las instituciones, empresas, la academia y la sociedad civil.