Por: Dario Zegarra, vicepresidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú

Recientemente, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) anunció que las transferencias de recursos generados por la industria minera hacia los departamentos, que incluyen el canon, regalías y los derechos de vigencia y penalidad, ascendieron a más de 3,057 millones de soles para el presente año, según se desprende del último Boletín Estadístico Minero (BIM).

Y como es de esperar, necesariamente los recursos económicos provenientes de nuestra industria debieran servir para impulsar la economía de los departamentos con presencia de actividad minera, ya que permiten financiar proyectos de infraestructura y servicios básicos como agua potable, saneamiento, educación, salud, transporte, entre otros de prioridad.

A modo de ejemplo, en el análisis de los departamentos mineros, Áncash mantuvo su liderazgo con más de 771 millones de soles y una participación del 25.2% del total de los recursos transferidos. En segundo lugar, se ubicó Tacna con un monto superior a los 370 millones de soles; y en tercer lugar se encontró Arequipa con una cifra que supera los 365 millones de soles.

Precisamente, debemos recordar que los recursos económicos de nuestra minería son uno de los principales componentes financistas del Presupuesto Institucional del Sector Público del 2023, el cual actualmente es de 226.9 millones de soles y registra un avance de ejecución del 21.3% hasta marzo (48.4 millones de soles), según el Ministerio de Economía y Finanzas.

Sin embargo, recalcamos que más que la cantidad, importa la calidad de la inversión pública, y para ello es imprescindible garantizar que los expedientes técnicos cuenten con estudios básicos, fortalecer las capacidades de los servidores públicos para la elaboración de proyectos y expedientes, y seguir la ejecución física y financiera de las inversiones desde la alta gerencia.

De otro lado, hace poco se conoció que la República Democrática del Congo podría desplazar al Perú como segundo productor mundial de cobre en no más de cinco años, pues la distancia en términos de producción entre ambos países es de menos de 100 mil toneladas, debido al ingreso de diversas operaciones mineras y las altas leyes de cobre en la nación subsahariana.

Evidentemente, el Perú tiene la capacidad de incrementar aún más su producción de cobre e incluso situarse muy cerca a Chile, tan solo con la puesta en marcha de los proyectos de ampliación de operaciones existentes como Antamina, Toromocho y Yanacocha, así como con los nuevos proyectos de Zafranal, Michiquillay, El Galeno, Tía María y Pampa de Pongo.

No obstante, es sabido que la materialización de los proyectos mineros en cartera requiere principalmente de inversiones crecientes y constantes, y de eso adolece últimamente nuestro país, pues las inversiones mineras fueron de 335 millones de dólares en abril del 2023, siendo inferior en 19% a lo reportado en el mismo de mes del año pasado (414 millones de dólares).

Uno de los mayores obstáculos contra el flujo continuo de inversiones es la inmensa maraña burocrática, la cual obliga a las empresas a tramitar ante los distintos ministerios y dependencias como el Servicio Nacional de Certificación Ambiental (Senace) y a Autoridad Nacional del Agua (ANA), la obtención de más de 400 permisos para poner en producción un yacimiento.

Para acelerar las inversiones mineras, es conveniente reducir el plazo de consecución del permiso de exploración minera de seis meses a un mes, otorgar flexibilidad en la contratación de servicios esenciales tercerizados, reformular las garantías de estabilidad para su fácil aplicación e interpretación, y atender oportunamente el malestar social de las comunidades.