Por: Dr. Miguel Cardozo, vicepresidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú

Recientemente, el Senace aprobó la Modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental (MEIA) del proyecto minero Coroccohuayco, que permitirá extender la capacidad de producción de la mina Tintaya - Antapaccay, ubicada en la provincia de Espinar, en la región Cusco.

Dicho emprendimiento perteneciente a Compañía Minera Antapaccay, subsidiaria de Glencore, sería uno de los proyectos que podría iniciar su construcción este 2020, si las condiciones lo permiten, lo cual sería beneficioso para nuestro país.

Del mismo modo, consideramos importante el desembolso de inversiones que siguen desplegando empresas instaladas desde hace buen tiempo en nuestro territorio, como Sociedad Minera Cerro Verde, que este año destinará unos US$ 400 millones en el mantenimiento de su unidad minera en Arequipa.

Sin embargo, nos preocupa de sobremanera el anuncio realizado por la ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz, quien indicó que este año se publicará de todas maneras la reglamentación de la ley de cabecera de cuencas, que será perjudicial para el desarrollo de nuestra minería.

Como se sabe dichas disposiciones se basan en una norma (Ley Nº 30460) que al final de cuentas abre la posibilidad de declarar la intangibilidad de las cabeceras de cuencas, a través de imponer medidas de protección extremas en zonas que no lo requieren.

Y ello sin tener siquiera claridad sobre la definición y delimitación de lo qué es una cabecera de cuenca. Bajo esta lógica, se piensa que estas zonas se encuentran en la parte alta de la cuenca, sin embargo, ello no se condice con la realidad, ya que estas pueden ubicarse en cualquier parte de la cuenca.

Algunos ejemplos claros de ello son la quebrada de Huaycoloro (300 m.s.n.m.), en Lima, que está en la zona baja de la cuenca del río Rímac, y el caso de Quincemil (600 m.s.n.m), en la selva del Cusco, que es la zona de mayor precipitación del Perú.

Pero más allá de debatir una definición de cabecera de cuenca, que no es posible ya que ni siquiera la legislación internacional recoge una definición consensuada al respecto, también debemos darnos cuenta de que estamos cayendo nuevamente en lo que denominamos la tramitología.

Lo que va a pasar es que vamos a sumar un nuevo trámite a esta maraña de procesos que desalientan las inversiones mineras. Es decir, tendríamos que discutir los proyectos mineros en una nueva instancia del Minagri que sería la Autoridad Nacional del Agua (ANA), retrasando una vez más no solo el desarrollo de nuestra minería, sino del país.