Esta semana se dio a conocer una norma publicada (Ley N°30848) en el diario El Peruano que modifica la Ley de Canon y permitirá a los gobiernos locales y regionales utilizar parte de estos recursos para el financiamiento de viviendas sociales destinadas a las familias con menores ingresos.

Desde el gremio minero, saludamos y respaldamos esta acertada medida gubernamental, que afronta uno de los principales problemas sociales que nos urge atender como es el déficit habitacional en nuestro país, considerado el tercero más grande de Latinoamérica.

Como se sabe, en respuesta a esta problemática, en el Perú estas dos últimas décadas se desarrollaron políticas de vivienda que ayudaron a paliar esta difícil situación, entre estas, el Programa “Techo Propio”, administrado por el Fondo

Mi Vivienda, y el Programa Nacional de Vivienda Rural. Justamente, la modificación de la norma plantea trabajar con dichos programas que benefician directamente a los sectores más necesitados y, de esta manera impulsar también la esperada descentralización, con la que contribuye el sector minero desde hace varias décadas, trabajando en lugares alejados.

Según datos especializados, entre el 2008 y el 2017, las regiones que recibieron los beneficios de canon y regalías promediaron un 65% en ejecución total, lo que nos dice que aún falta mucho por hacer para optimizar y gestionar este dinero plenamente.

Sin embargo, no debemos obsesionarnos con el ratio de ejecución, sino más bien, es necesario garantizar la calidad del gasto de los gobiernos subnacionales. En esa línea, consideramos que los esfuerzos para la implementación de estas modificaciones deben darse priorizando dichas premisas.

De otro lado, observamos que, en el segundo trimestre del año, las regiones mineras en el país experimentaron un crecimiento negativo debido a una menor producción mineral, como Apurímac (-7%) que, por temas del mantenimiento de planta de minera Las Bambas, redujo su cuota cuprífera. Sin embargo, estamos seguros que dicha tendencia se revertirá viéndose reflejada en las cifras de fin de año.

Para finalizar, rechazamos rotundamente los daños que viene ocasionando la minería ilegal en la Reserva Paisajística de Cotahuasi en la región Arequipa y, exigimos al Estado un mayor liderazgo para salvaguardar estas áreas protegidas y evitar el daño de los ecosistemas de la zona.