Por: Ing. Roberto Maldonado, vicepresidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú

En medio de esta nueva crisis política que atraviesa el país, es responsabilidad de los distintos actores sociales orientar el debate nacional a los temas de mayor preocupación para los peruanos y a las posibles alternativas de solución para afrontar la depresión económica actual.

Uno de estos temas, sin duda, está relacionado al respaldo que requiere una actividad económica como la minería, que jugará un rol fundamental en la reactivación económica del país, y especialmente de las regiones, donde se registran las mayores brechas sociales y económicas.

Sin embargo, es muy poco lo que se viene hablando, por ejemplo, sobre nuestra cartera de proyectos mineros, que asciende a cerca de 60 mil millones de dólares de inversión, y cuyo impacto no solo le daría un respiro a nuestra economía, sino también una tranquilidad fiscal para afrontar los desafíos pendientes.

Y en este punto es importante mencionar a los proyectos mineros más próximos a iniciar construcción como Yanacocha Sulfuros (Cajamarca), Corani (Puno) o San Gabriel (Moquegua), los cuales dependen de diversos factores para entrar en funcionamiento en el 2021. 

Alrededor de estos y otros emprendimientos existen comunidades aún con necesidades básicas insatisfechas que requieren la pronta atención del Estado, como mencionó recientemente el viceministro de Economía, Mario Arróspide, en un taller organizado por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. 

Por ejemplo, según información del MEF, en el ámbito de intervención del proyecto Yanacocha Sulfuros, el ingreso per cápita promedio de los pobladores es de 817.9 soles. Y solo el 26% de la población cuenta con viviendas con acceso a la red de agua.

Lo mismo sucede en las zonas aledañas al proyecto Corani, donde alrededor del 45% de la población dice tener necesidades básicas insatisfechas y sus ingresos mensuales se encuentran alrededor de 839 soles. En esta zona más del 65% de las viviendas no cuenta con conectividad a redes públicas de agua.  

Una situación similar podemos observar también a lo largo del Corredor Minero del Sur (Apurímac, Arequipa, Cusco y Puno) donde se encuentran importantes proyectos y operaciones como Integración Coroccohuayco, Las Bambas o Constancia. En esta zona existe una inadecuada capacidad instalada de establecimientos de salud que asciende al 83%.

Ello nos obliga como país a planificar un desarrollo sostenible con una visión territorial en estas zonas que brinde soluciones reales a los miles de peruanos en estas regiones, con el apoyo de la minería, y evitar la conflictividad en entornos desiguales.

Justamente este es uno de los temas que se abordarán en el I Congreso de Competitividad Minera y Sostenibilidad Social, organizado por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, que se desarrollará del 12 a 16 de octubre, y que reunirá a decisores del ámbito público y privado para sentar las bases para el cierre de brechas en nuestro país con el impulso de la minería.