Por: Ing. Roberto Maldonado, vicepresidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú

Recientemente Compañía de Minas Buenaventura informó formalmente sobre el inicio de la construcción de su proyecto minero San Gabriel, ubicado en el distrito de Ichuña, en Moquegua. Esta es una noticia muy alentadora que nos llena de esperanza en medio de la crisis que atraviesa el país.

Este emprendimiento aurífero de minado subterráneo representa una gran oportunidad no solo para el desarrollo de esta región del sur peruano, sino también para la reactivación económica del país, pues es en este momento donde necesitamos generar más empleos e incrementar los ingresos fiscales para el cierre de brechas.

Si todo marcha bien, Buenaventura tomaría unos tres años en poner en producción San Gabriel. Dicha empresa planea una inversión significativa para este proyecto minero, que se convertirá en la primera mina en el mundo que operará con 100% de energía solar, según representantes.

Este proyecto contaba con su Estudio de Impacto Ambiental (EIA) aprobado desde marzo de 2017, y hoy ya tiene los respectivos permisos para la construcción, desarrollo y explotación. Entre los primeros pasos, Buenaventura contempla la construcción de una presa de agua para sus procesos y para garantizar el abastecimiento de este recurso en su zona de influencia. 

Le deseamos los mayores éxitos a esta empresa y a los miles de peruanos, que participarán en su puesta en marcha. A su vez esperamos un verdadero y decidido respaldo del gobierno peruano para garantizar el avance de este proyecto y demás emprendimientos mineros en cartera.

Sin embargo, un tema que nos preocupa de sobremanera es que en el último semestre se han suscitado intermitentes bloqueos a distintas operaciones mineras, frente a la pasividad de nuestras autoridades para dar solución a los conflictos sociales vinculados a la minería, los cuales le habrían costado 1500 millones al país en el 2021, según IPE. 

Ello sumado a la inestabilidad política, al deterioro de la administración pública y la pérdida de personal calificado en los equipos técnicos de resolución de conflictos sociales nos gráfica un escenario desalentador para las inversiones que podría traer graves consecuencias para la economía nacional. De a pocos se va perdiendo la confianza y credibilidad alcanzada con las poblaciones en las zonas mineras en los últimos años.

Ya para finalizar, creemos que es relevante dar una mayor importancia a propuestas como la creación del Sistema Nacional de Transformación de los Conflictos Sociales, planteada por la Comisión para el Desarrollo Minero Sostenible, para optimizar las funciones del Estado en la resolución de conflictos sociales en nuestro país. Reflexionemos y tomemos decisiones inteligentes por el bien del país.