Por: Ing. Luis Rivera, presidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú.

Recientemente el Congreso de la República aprobó el proyecto de ley que prorroga por un año más la vigencia de beneficios y exoneraciones tributarias, que permite la devolución del Impuesto General a las Ventas (IGV) y el Impuesto de Promoción Municipal (IPM) a las empresas que realizan exploraciones mineras y de hidrocarburos.

Como se sabe este instrumento tributario, que se aplica desde el 2002, tiene como propósito incentivar las exploraciones mineras, una actividad de alto riesgo, no solo para reducir los costos de inversión en este rubro sino también para compartir el riesgo geológico o de exploración con el inversionista.

Ello principalmente porque en el caso de no encontrarse un depósito mineral tampoco correspondería gravársele con el IGV o el IPM. Debemos considerar que de cada cien emprendimientos de exploración solo uno llega a convertirse en mina.

Gracias a este dispositivo no solo se logró sacar adelante diversos proyectos mineros (Constancia, Tantahuatay, Pampa de Cobre, entre otros) que están en etapa de producción y hoy generan importantes ingresos para el país, a través del pago de impuestos, regalías y canon, sino también permitió la generación de empleo y que las compañías reinviertan en el incremento de reservas de sus operaciones.

En ese sentido, estamos convencidos que la extensión de dicho instrumento no debe ser solo por un año, ya que puede poner en riesgo las inversiones en exploración a mediano plazo, afectando el futuro de nuestra economía y del país.

Consideramos que dicho lineamiento no se condice con la propuesta del gobierno de captar el 8% de la inversión en exploración a nivel mundial para el 2021, sino que le resta predictibilidad a las inversiones y competitividad a nuestro sector minero, considerado uno de los puntales del crecimiento económico y el progreso peruano. Por lo cual, exigimos una mayor reflexión.

De otro lado, nos llena de optimismo que importantes proyectos mineros como Michiquillay, en Cajamarca, vayan avanzando en su desarrollo. En los próximos dos años Southern Copper invertirá alrededor de USD 50 millones en estudios geológicos, en este emprendimiento que iniciaría su construcción en el 2022 y beneficiará enormemente a esta región.

Finalmente, solicitamos al gobierno peruano un mayor liderazgo y acciones concretas en Madre Dios, donde la minería ilegal aurífera ha deforestado más de 95 mil hectáreas en las tres últimas décadas, afectando a comunidades indígenas y áreas naturales protegidas. Para ello es necesario contar con una estrategia definida y una mayor articulación intersectorial.