Por Miguel Cardozo, presidente de Rumbo a PERUMIN.

El desborde de la conflictividad social, además de ser un freno gravitante para el proceso de reactivación económica, está generando situaciones extremas que afectan nuestra imagen como país. Es inaudito que Cuajone, que pese a haber operado por más de 51 años (desde 1970) en el distrito de Torata, Moquegua, haya llegado a considerar el cierre de la mina luego de estar más de 60 días imposibilitada de operar por el bloqueo y destrucción de su vía férrea y la invasión de su reservorio en Viña Blanca, donde los comuneros cortaron el suministro de agua al campamento minero, donde habitan más de 5000 personas, entre trabajadores y sus familiares. Tuvieron que pasar dos meses para que el Gobierno decretara un Estado de Emergencia en la zona.

Crítica también es la situación de Las Bambas, que enfrenta su segunda paralización en menos de un año. Esta vez, por una invasión en sus territorios por parte de 130 personas de la comunidad de Fuerabamba, Apurímac.

Preocupa la falta de atención de las autoridades para gestionar los más de 200 conflictos que tiene el país actualmente y más aún la permisividad e inacción frente a las agresiones y las constantes vulneraciones al Estado de Derecho por parte de grupos violentos que atentan contra las empresas mineras y sus trabajadores. El Estado es responsable de garantizar la seguridad de todos los peruanos y mantener el orden interno; sin embargo, proyectamos la imagen de un país que no puede garantizar la sostenibilidad de una actividad productiva como la minería, pese a lo fundamental de la misma para su desarrollo y el bienestar de las personas.

El país necesita inversiones para generar los puestos de trabajo que necesitan los peruanos, pero no estamos generando las condiciones. Según el Banco Central de Reserva del Perú, se espera un crecimiento de 0% en la inversión privada en este 2022. El BBVA Research, por su parte, proyecta una caída de más del 9%. 

En el caso de la minería, se ha resaltado continuamente que contamos con una cartera de inversión que supera los $56,000 millones, pero no hay planes ni acciones concretas que faciliten la puesta en marcha los proyectos mineros, pese a que estos permitirían al Perú el necesario crecimiento económico y la reducción de su tasa de pobreza a un 15%, de acuerdo a un estudio del Centro para la Competitividad y Desarrollo (CCD), presentado en el marco de actividades de Rumbo a PERUMIN.

Para ser competitivos y generar inversiones, debemos garantizar la sostenibilidad de nuestras actividades productivas. Para ello, necesitamos liderazgo en el Estado, capacidad técnica y política para abordar la problemática social, tener una lectura real de la situación del país y trabajar para poner en valor nuestras grandes potencialidades. La minería es una de ellas.

Fuente: El Comercio