Inversión que genera bienestar y desarrollo sostenible 349 Es crucial para el sector minero comprender la complejidad social que existe en las áreas mineras, pues es significativo el número de personas que migran desde zonas agrarias. Existe un importante desarrollo de flujos circulares, por ejemplo, entre localidades mineras y localidades de origen; o flujos de trabajadores itinerantes, de mineros artesanales ilegales buscando nuevas zonas para trabajar; e incluso flujos de expulsión, donde la dirección, intensidad y frecuencia de la movilidad dependen, en buena medida, del ciclo de vida del proyecto minero. Todos estos procesos de movilidad conducen a desbalances demográficos que merecen ser considerados. Así, por ejemplo, al atraer mayormente a jóvenes, las zonas mineras se masculinizan; mientras que en las fases de expulsión predominan mujeres, niños y adultos mayores. De otro lado, las personas con mayores niveles educativos son las que tienden a movilizarse más y en mejores condiciones. Si bien los estudios muestran que en zonas cercanas a las áreas mineras cae la producción agropecuaria debido al desplazamiento de mano de obra, eso no provoca necesariamente que el valor de la tierra disminuya; sino que en muchos casos el precio aumenta, ya que la tierra se vuelve una mercancía para ser comercializada con compañías mineras, con el Estado o con otros pobladores, en un contexto de rápida urbanización. Este complejo panorama va más allá de las responsabilidades o capacidades de un solo actor. En tal sentido, la primera propuesta es elaborar líneas de base y estudios de seguimiento para mapear los procesos de movilidad, la composición demográfica y los cambios productivos. En segundo lugar, el enfoque precisa centrarse en las personas que se movilizan, porque eso permitirá entender mejor la interacción entre desarrollo minero y cambio social. Lo tercero es atender el estudio de las áreas mineras y los lugares con los que se conectan, a fin de implementar estrategias que mejoren las condiciones de vida tanto de las personas que se quedan como de las que se van. El reto es construir una institucionalidad que funcione y sea legítima, fortaleciendo las capacidades técnicas de los gobiernos locales, frenando la distritalización que pulveriza el gasto público y aumenta la burocracia, y combatiendo frontalmente la corrupción.
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