Inversión que genera bienestar y desarrollo sostenible 465 En los últimos 10 años, los gobiernos locales y regionales han recibido casi 50 mil millones de soles por concepto de canon minero y regalías mineras. ¿Se ha transformado este dinero en desarrollo para la población que habita en territorios con proyectos mineros? El Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) del Ministerio de Economía y Finanzas observó que en el año 2022 los gobiernos regionales y locales tuvieron como principal rubro de gasto el planeamiento: la mitad se destinó a estudios para expedientes, y la otra mitad a construcción de edificios de los gobiernos. Después, viene inversión en transporte, obras de riego, educación y deuda pública. Sin ejecutar, se encontraron 88 proyectos a cargo de los gobiernos regionales, y 4 223 proyectos de gobiernos locales. Los gobiernos regionales solo tienen en ejecución 13 proyectos grandes; y los gobiernos locales, 21. El SIAF también realizó un comparativo entre las regiones de Cajamarca y Moquegua, a través de los distritos de las zonas de influencia minera. Mientras que en Cajamarca se aprecia decrecimiento poblacional y no se ha podido reducir la pobreza; en Moquegua, todos los distritos lograron disminuir la pobreza y la mayoría de la población cuenta con acceso al paquete de servicios públicos. De ello se infiere que contar con más dinero por canon y regalías mineras no significa necesariamente que habrá más desarrollo o menos pobreza en una región, porque el manejo de los recursos provenientes de la minería no está funcionando. Las inversiones públicas no responden a una mirada territorial, hay ausencia de coordinación entre los niveles de gobierno, poca transparencia y alta corrupción. Para que ello no ocurra, se propone hacer en el Estado una planificación prospectiva del desarrollo sectorial y territorial; profesionalizar la gestión pública a partir de la meritocracia; migrar a modelos de asociación público privada u otros modelos de ejecución más eficientes y transparentes; incentivar la participación del sector privado más allá de la construcción de la obra; y hacer una supervisión integrada en todas las fases del ciclo de inversión pública.
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