EBOOK PERUMIN 36

Inversión que genera bienestar y desarrollo sostenible 91 SALUDO OFICIAL Quien diga que el Perú no es un país minero, está haciendo demagogia; la minería es esencial para el desarrollo del país. Dado que el reto del gobierno es impulsar una pronta recuperación, así como el redimensionamiento económico del país en un marco de mayor seguridad; esta es una inmejorable ocasión para señalar que el Ejecutivo busca forjar una alianza con los empresarios, trabajadores, las comunidades y todos los actores de esta importante actividad. La prórroga hasta diciembre de 2022 de la vigencia de la Ley N° 27623, que dispone la devolución del IGV e Impuestos de Promoción Municipal a los titulares de exploración minera por cinco años es un incentivo para las inversiones en exploración y desarrollo de nuevos proyectos. Esperamos atraer inversiones en exploración por $ 596 millones y, en el rubro de explotación, por unos $ 530 millones. El Minem ya ha definido una cartera de oportunidades de nuevas inversiones que incluye 47 proyectos, con un valor estimado por $ 24 000 millones de dólares. El empleo en el sector minero aumentó en junio para alcanzar los 226 mil trabajadores, de los cuales el 7.1% son mujeres, cifra que esperamos ver crecer. Nuestro gobierno trabaja intensamente para mejorar el Reglamento Ambiental de Exploración Minera a fin de facilitar la tramitación, en modo simultáneo, de certificaciones y permisos, lo que reducirá hasta en seis meses el plazo de evaluación y reducirá costos de procedimiento. Asimismo, en una medida trascendental, el próximo 2 de octubre se presentará en sesión del Consejo de Ministros, la aprobación de la Ventanilla Única Digital, para integrar procesos y reducir la tramitología. A través de un Decreto Supremo, se optimizará el proceso del Sistema de Impacto Ambiental – SEIR y, en adelante, las opiniones técnicas se integrarán para trabajar en proyectos priorizados por parte de Senace. También se implementará, en una primera etapa, cinco Centros de Gestión y Atención del Minem en cinco regiones del país, con el fin de formalizar la pequeña minería, prevenir controversias y propiciar la paz social.

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