La minería ilegal no es un fenómeno nacional sino transnacional, que afecta a los cuatro países andinos, cuyas exportaciones mineras suman 57 000 millones de dólares, de los cuales un 70% son peruanos, 21% colombianos, 5% ecuatorianos y 3% bolivianos. La dimensión del problema es pues muy importante. En la Comunidad Andina ya hemos adoptado algunas medidas al respecto. En el marco de la Decisión 922, que aborda trece áreas distintas de lucha contra la criminalidad transnacional organizada, un comité de la CAN planteó un plan de trabajo 2025 – 2030, que aborda cinco áreas. La primera está referida al diseño de una normativa que homologa los delitos y penas vinculados a minería ilegal entre los cuatro países andinos. La segunda es la obligación de realizar operaciones de control por parte de la Policía y Fuerzas Armadas en zonas fronterizas. La tercera es una mayor colaboración en la trazabilidad transfronteriza de insumos y productos que puedan ser usados en minería ilegal. La cuarta, organizar el traslado de la información para cooperar en la lucha contra el crimen transnacional organizado. La quinta área está referida a la promoción de la minería responsable, y la generación de mecanismos de apoyo estatal destinados a deslindar la pequeña minería y artesanal de la minería ilegal. GONZALO GUTIÉRREZ Secretario general de la Comunidad Andina PERUMIN 37 Convención Minera 412
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