1. La minería ilegal es un fenómeno regional. Hay una importante demanda para que las autoridades adopten medidas que generen resultados. Entre esas medidas se considera necesario implementar alternativas como la homologación de delitos en países andinos e incrementar los sistemas de control en zonas de frontera. 2. En los países andinos, como Ecuador, Perú y Bolivia, la legislación demanda cambios para mejorar el control y adecuación de las labores de minería de pequeña escala. 3. A nivel nacional se propone que quienes desarrollan las leyes para el sector MAPE conozcan el campo y se reúnan con los mineros informales, con el fin de dar una normatividad apropiada. 4. El marco legal de la minería formal en el Perú sí incluye el ejercicio de la minería artesanal y la pequeña minería formal desde el 2002 (Ley N° 27651). Además, se aclaró que en el Perú sí hay áreas restringidas a la actividad minera. 5. Hoy existen 1 433 concesiones mineras a nombre de productores artesanales, 11 945 concesiones para pequeños mineros y 40 381 son de mediana y gran minería. Las concesiones mineras están protegidas por el derecho fundamental de la propiedad. No es posible privar a una empresa minera formal de sus concesiones, pues hacerlo sería una expropiación. 6. La futura Ley MAPE debe plantear no reabrir el REINFO, así como dar absoluta transparencia a su contenido y promover una intervención estratégica de fiscalización. 7. El Perú no puede seguir atrapado entre la informalidad y la ilegalidad. Se debe evaluar la entrega de incentivos reales a la formalización y empezar el debate de la Ley MAPE. Se necesita también un acuerdo para buscar salidas sensatas que permitan afrontar temas como la superposición de concesiones mineras. Juntos por más oportunidades y bienestar para todos 437
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