Gustavo Ramírez, abogado senior en Compañía Minera Poderosa, afirma que medida será útil para la lucha contra la minería ilegal. Señala que se necesita implementar un sistema de trazabilidad que sea interoperable con distintas instituciones. 

Lima, 17 de diciembre de 2024. Gustavo Ramírez, abogado senior en Compañía Minera Poderosa, propuso la implementación de un sistema interoperable con distintas instituciones como el Ministerio de Energía y Minas (Minem), Sucamec, Sunat, Ministerio Público y otros, a fin de fiscalizar la trazabilidad de los minerales, como el oro que es usado para la minería ilegal. 

En su intervención como panelista en el Jueves Minero, del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), manifestó que en la actual norma solo se refiere a la obligación del comprador del mineral de demostrar la legalidad del recurso, por lo que hay un vacío legal para fiscalizar toda la cadena de producción.

“No hay un procedimiento o un estándar, o un ABC de cómo se realiza esa trazabilidad. Eso es lo que falta, no es la solamente la trazabilidad de un eslabón sino la trazabilidad de toda la cadena productiva porque no solamente es en la bocamina, sino también en todo el trayecto, el transporte, el acarreo hasta llegar a la planta de beneficio o de procesamiento”, comentó en el evento del IIMP.

Bajo esa premisa, indicó que se debe implementar el sistema de trazabilidad interoperable en donde puedan compartir información transversalmente diferentes instituciones. Por ejemplo, se puede obligar a que los camiones que transporten los minerales, como el oro, usen un GPS a fin de realizar un control en tiempo real. 

“¿Con eso aseguras una parte de la trazabilidad? Sí, porque de donde sea que salga el camión sabes si paró o se desvió, y a dónde llegó. Y si llegó con 20 toneladas de oro o de cobre, o con piedras, o se fue a la planta ‘X’ en la costa o en el norte, y con qué ley llegó”, apuntó.

De esta manera, según Ramírez, se podría exigir a las cerca de 300 plantas de beneficio formales que hay en el país, reportar las transacciones a detalle. “Es cuestión de decisión política y sí se puede hacer”, finalizó.