INSTITUTO DE INGENIEROS DE MINAS DEL PERÚ 26 Propuso abordar este objetivo al menos desde tres frentes: primero, que cada territorio cuente con una visión y hoja de ruta; segundo, que el Estado implemente un paquete potente de políticas públicas; y en tercer lugar, que la empresa minera trabaje con el nuevo paradigma que ya algunas compañías vienen adoptando. En cuanto al primer punto, explicó que cada territorio debe definir espacios de diálogo, y una visión de desarrollo y entendimiento común del problema. Todo ello, ordenado en una hoja de ruta con temas claves y métricas para evaluar los avances. Deberían tomarse también en consideración el impacto de la minería en la economía local, las condiciones de partida de la población, así como el nivel de institucionalidad, capital social y “habilitadores” disponibles. Respecto del segundo frente, indicó que las políticas públicas prestan insuficiente atención a lo territorial. Solo hay una débil presencia de ello en el Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM), con una fragmentada articulación vertical y horizontal, y un enfoque de nivel nacional que motiva muchas disconformidades. “Al enfocarnos en la dimensión nacional, perdemos la visión territorial. El tema macrominero funciona bastante bien; pero no vamos al territorio, lo cual es raíz de muchos conflictos”, aseveró. Sobre el tercer punto, detalló que el nuevo paradigma de acción de la empresa privada en los territorios precisa
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