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Mina Inmaculada sigue operando e invoca a autoridades garanticen seguridad de sus 1,700 trabajadores

La mina Inmaculada de Hochschild Mining, atraviesa uno de sus momentos más críticos tras el vandalismo en sus instalaciones que pone en peligro a 1,700 personas que trabajan allí. El antecedente es el escalamiento de un confuso conflicto social. José Augusto Palma, vicepresidente Legal y de Asuntos Corporativos de Hochschild, conversó con ProActivo y dio detalles sobre los hechos, así como lo que afronta la empresa en términos de seguridad y economía.

¿Cuál es la situación en la Unidad Minera Inmaculada?

Hasta el momento las operaciones en la mina Inmaculada no han parado; sin embargo, las condiciones son muy complicadas. Desde el 11 de noviembre vivimos una situación muy tensa debido a los ataques de un grupo de pobladores de Huancute contra nuestros colaboradores y las instalaciones. Lamentablemente nuestros trabajadores viven atemorizados por lo que pueda pasar, varios llevan más de 21 días sin poder retornar a sus hogares.

¿Hay impedimento para que los trabajadores puedan regresar a sus hogares?

Lamentablemente el conflicto ha ido escalando y el hostigamiento ha sido constante, al punto que no se ha podido realizar el cambio de guardia. El jueves 01 de diciembre intentamos realizar el cambio de turno de trabajadores que deben ser relevados, pero fuimos atacados y no se pudo ejecutar pese a la presencia policial, por orden fiscal.

Los pobladores de Huancute quemaron 7 volquetes y 1 cargador frontal e intentaron tomar el polvorín, que como sabemos, guarda toneladas de pólvora, cartuchos y otros materiales peligrosos. Los actos contra la mina Inmaculada son cada vez más violentos.

Hace poco más de dos semanas, cortaron la malla perimétrica de metal e ingresaron a la fuerza a la zona industrial con el único objetivo de ocupar la zona y paralizar nuestras operaciones. Atacaron los camiones con piedras lanzadas con huaracas poniendo en riesgo la integridad de nuestros trabajadores. Por ello, nos vimos obligados a dejar de utilizar una de las bocaminas. Solo la intervención de la policía logró detener los actos de violencia y sacarlos de la zona industrial, a la cual se debe ingresar siguiendo estrictos protocolos de seguridad al ser una zona de alto riesgo.

A ello le sumamos que, a partir del 20 de noviembre, bloquearon tres vías de acceso a la mina Inmaculada y de esta manera nuestros trabajadores fueron impedidos de salir de la zona industrial y tampoco se pudo ingresar suministros, alimentos, ni insumos necesarios para la operación.

Aunque insistimos con el diálogo, no aceptan. Ni con la mediación del alcalde de San Francisco Ravacayco, ni de la Subprefecta de Pausa.

¿Cuál es el reclamo en el Anexo de Huancute?

Debo aclarar que Huancute está dividido en grupos. Por un lado, está la Asociación Qatari Huancute, con quienes tenemos una mesa de diálogo desde hace varios meses en la que participa el Ministerio de Energía y Minas y hemos logrado avances. El segundo grupo, está integrado por las denominadas familias posesionarias viven allí y con quienes mantenemos un diálogo permanente. Existe también este grupo violento dirigido por 3 personas: Marta Elena Cayo, autodenominada presidenta, Yuri Cayo y Guillermo Chura, quienes han contratado como asesor a Gonzalo Castañeda Quiroz, vinculado al conflicto minero en Las Bambas. Castañeda llegó a la zona en septiembre pasado y poco después empezaron a autodenominarse como comunidad indígena de Huancute, pero lo cierto es que no ha sido reconocida como tal por ninguna autoridad competente y carece de personería jurídica.

Su demanda es maximalista, exigen que nos vayamos de la zona y, hasta ahora, no han mostrado tener disposición a dialogar. Es relevante explicar que la Unidad Minera Inmaculada opera en terrenos sobre los cuales tenemos servidumbres otorgadas por los propietarios. Una parte está ubicada en terreno que es propiedad del Estado y otra parte es propiedad de la Comunidad Campesina de Huallhua. En ambos casos, los propietarios nos han otorgado una servidumbre que se mantiene vigente; es decir, tenemos el permiso de los propietarios para ocupar esos terrenos.

Huancute es un anexo de la Comunidad Campesina de Huallhua y reclama ser los verdaderos propietarios de los terrenos que están inscritos a nombre del Estado. En su momento reconocimos que ejercían cierta posesión en el área y suscribimos dos contratos a título personal con más de 200 personas, quienes nos transfirieron, mediante escritura pública, sus derechos de posesión sobre ciertas zonas. Cada posesionario que firmó la escritura pública recibió un cheque certificado que ya fue cobrado. Entre ellos Marta Elena Cayo que pretende desconocer los contratos y se ha autodenominado presidenta de la comunidad indígena de Huancute, lo cual no tiene sentido porque no tiene personería jurídica, ni ha sido reconocida por el Ministerio de Cultura, ni tampoco por el Gobierno Regional de Ayacucho u otra entidad estatal competente. Sin embargo, están confundiendo a la población y los inducen a cometer delitos.

Representantes del Anexo de Huancute sostienen que se firmó un contrato de servidumbre por S/3 millones, el cual había sido renegociado. Sin embargo, por incumplimiento de la empresa minera ellos ahora optaron por resolverlo. ¿A qué contrato se refieren?

No sé a qué contrato se refieren. Creo que solo quieren confundir a la opinión pública. Solo se han firmado contratos en dos momentos. Inicialmente con 32 posesionarios y luego con otros 197. Todos los contratos se firmaron a título individual, cada persona fue a la notaría, ya sea en Cora Cora o en Lima, de acuerdo a su lugar de residencia.

Otros dirigentes señalan que hay un trasfondo económico

Exactamente. Hasta noviembre pasado, Marta Elena Cayo era proveedora de la UM Inmaculada y cobraba S/ 24 mil soles mensuales a través de su empresa que brindaba servicios a la mina. De igual manera con Yuri Cayo, quien a través de su empresa recibía S/.150 mil soles mensuales por servicios que prestaba a la mina Inmaculada. Estas dos personas participaron activamente en los bloqueos oponiéndose a toda propuesta de diálogo.

¿Qué acciones está tomando la empresa y cómo le afecta?

Nuestra preocupación principal es la seguridad e integridad de los más de 1,700 trabajadores. También nos preocupa la seguridad de las instalaciones de la mina las cuales han sido objeto de varios intentos de ataques.

Nos reunimos con el Ministro de Energía y Minas, el ingeniero Oliverio Muñoz, quien nos aseguró que el equipo del Ministerio continuará tratando de convencer a los pobladores de Huancute que acepten dialogar y cesen inmediatamente las acciones de fuerza y nos permitan reabastecer los alimentos para nuestros colaboradores y los insumos para que la mina pueda seguir operando.

Nosotros insistimos en el diálogo. Hemos propuesto reunirnos en Arequipa, Cusco, Abancay, Nazca y en Pausa, la capital de la provincia donde está ubicada la mina Inmaculada, pero hasta ahora han rechazado todas estas propuestas. Mantienen una posición intransigente y no aceptan dialogar salvo que se cumplan con sus exigencias, las cuales no son aceptables por la falta de garantías.

¿La empresa sigue dispuesta al diálogo?

Sí. Creemos que es la vía para solucionar esta situación. En un Estado de Derecho no es admisible que se ataque y destruya la propiedad privada. Desafortunadamente, en el Perú, el conflicto se ha vuelto un negocio.

¿Cuál es la respuesta de las autoridades?

La Fiscalía ha dispuesto que la Policía Nacional intervenga y se levante el bloqueo ilegal de las vías públicas, pues constituye un delito. Las autoridades (Fiscalía y Policía Nacional) vienen actuando dentro de sus competencias.

Asimismo, hemos sostenido reuniones con la PCM, con el viceministerio de Orden Interno, con los distintos ministros de Energía y Minas y con sus equipos y otros. Insistiremos en acudir a todas las autoridades necesarias para salvaguardar la integridad y seguridad de nuestros trabajadores. Esperamos que el Estado retome el orden de la zona y que impere la ley.

¿Cuál será el futuro para los trabajadores, para la producción minera?

Confiamos en que esta situación resolverá a través del diálogo. Nuestros trabajadores en la UM Inmaculada han difundido un comunicado firmado por el sindicato pidiendo la intervención del Estado, de la Defensoría del Pueblo, porque están preocupados por las constantes amenazas.

Tras el ataque al convoy este último jueves, la Unidad Minera se ha visto obligada a racionar los alimentos ante la incertidumbre de cuándo cesarán estos actos violentos y se pueda suministrar con alimentos y otras necesidades básicas. Tenemos a 1,700 personas prácticamente secuestradas por estos bloqueos y ataques.

¿Sobre la solicitud para ser reconocidos como Comunidad Indígena de Huancute?

Es una decisión que le corresponde al Estado. Nosotros no estamos involucrados en ese proceso. Las autoridades son las llamadas a evaluar si cumplen con los requisitos para ser considerados una comunidad indígena, entre los cuales está el requisito de ser propietarios de un territorio. Reitero, Huancute no es propietaria de los terrenos de la zona, los cuales pertenecen a la comunidad campesina de Huallhua o al Estado.

¿Con qué comunidades realizan la gestión social?

La comunidad campesina es Huallhua. Dentro del territorio de Huallhua existen anexos o caseríos, el anexo de Huancute es uno de ellos. Además, está el caserío de Casma Palla Palla, el cual parte de Huallhua. También tenemos relación con localidades cercanas como la comunidad campesina de Pacapausa Baja, Patarí, Belén y con la comunidad campesina de Ccalaccapcha. Con todos ellos tenemos programas de apoyo que se implementan a través de acuerdos o como parte de nuestra estrategia de relacionamiento social.

¿Cómo se afecta la Comunidad Campesina de Huallhua?

Si Inmaculada se viera obligada a parar las operaciones a consecuencia del bloqueo ilegal realizado por algunos pobladores de Huancute, los más afectados serán los trabajadores y los empresarios y contratistas locales, así como aquellas otras personas que son parte de la cadena de valor que se beneficia con la presencia de la mina. Generamos empleo directo e indirecto, dinamizamos el comercio y la economía local, representando entre el 16 -18% del PBI de la región Ayacucho. Es decir, el impacto sería muy negativo para toda la región.

¿Qué les diría a las autoridades?

Invoco a las autoridades para que intervengan y se tomen las medidas necesarias que garanticen la seguridad de los 1,700 colaboradores de la mina Inmaculada, que aseguren el abastecimiento normal de alimentos y suministros, así como el relevo seguro de los trabajadores que llevan más de 21 días y desean regresar a sus hogares.

Reitero nuestra disposición a sentarnos a dialogar en la localidad de Pausa para encontrar una solución a este conflicto.

Fuente: ProActivo

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