• Las protestas en la zona de Tuntuma persisten. Las regiones de Cusco y Apurímac registraron conflictos sociales, que en algunos casos llegan a treguas y en otros no.

En la región del Cusco, en las provincias de Espinar y Chumbivilcas existen tres conflictos mineros. De estos, dos llegaron a treguas que prometen la calma por lo menos hasta fin de año.

Sin embargo, en el sector de Tuntuma - Chumbivilcas, una protesta que lleva activa desde el 28 de octubre, cumple este jueves 24 un total de 29 días de bloqueos diarios y movilizaciones en el corredor minero, lo que impide el paso de vehículos de la empresa minera Las Bambas.

El paro indefinido de esta comunidad, perteneciente al distrito de Velille, pide la renovación de un convenio con la referida minera. Según la plataforma de lucha, se exigen 2 millones de soles a Las Bambas para la ejecución de proyectos en la comunidad, dos tractores agrícolas, semillas de pasto y avena, miniestablos, viveros forestales, campañas médicas y trabajo directo e indirecto con la minera.

Los reclamos también alcanzan al Ejecutivo, a quien le piden financiamiento para proyectos en agricultura, pecuaria, educación, salud, saneamiento y medios de comunicación.

El dirigente Wilbert Puellay de Chumbivilcas dijo que los pobladores de Tuntuma aún no han mantenido comunicación estable con el Ejecutivo ni la empresa minera, lo que lleva a que la medida siga.

Tuntuma no es el único lugar donde la productora de cobre tiene problemas para el paso de sus vehículos que transportan insumos y mineral, puesto que Challhuahuacho, en Cotabambas – Apurímac, cumple 18 días de paralización y bloqueo.

En este último punto, que es acceso principal a la planta de Las Bambas, cuenta con presencia policial desde el lunes 21, lo que ha permitido el paso e ingreso de vehículos con insumos para la producción y alimentos para trabajadores.

Fuentes cercanas a la empresa indican que la Policía resguarda la vía, pero no garantiza la movilización del mineral, por lo que este aún está almacenado en la planta.

Mientras tanto, los dirigentes denuncian abuso de autoridad por parte de los agentes y exigen a la compañía nuevos compromisos, además de que el Ejecutivo cumpla los acuerdos firmados un año atrás.

Fuente: La República