Uno de los principales puntos que marcó su historial fue la solicitud de la ampliación de plazo para ejecutar los proyectos contenidos en el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA)

Doe Run Perú operaba dos unidades mineras: la mina Cobriza, en Huancavelica, y el Complejo Metalúrgico La Oroya (CMLO), en Junín. Hace nueve días, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) resolvió paralizar las actividades en el último debido a que la empresa incumplió con constituir “las garantías correspondientes al año 2020 del Plan de Cierre” de esta unidad productiva.

Así también, el 21 de diciembre de 2019, Osinergmin dispuso la paralización indefinida de Cobriza a consecuencia de un nuevo derrame de relaves, el cual cobró la vida de otro trabajador.

Lo que sucedía era que Doe Run se apoyaba en ambas operaciones para pagar los gastos de su proceso de liquidación. ¿Cómo llegó la empresa a esta situación y cuáles fueron los principales sucesos que marcaron su historial?

Según el Archivo de El Comercio, Doe Run Perú adquirió el 24 de octubre de 1997 el Complejo Metalúrgico La Oroya por un valor de US$247,9 millones, tras realizarse un proceso de subasta pública. Luego, en 1998, adquirió la mina subterránea de cobre, llamada Cobriza.

Con la adquisición del CMLO, asumió el compromiso de ejecutar los proyectos contenidos en el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) del mismo, en un periodo de 10 años. El plazo vencía en enero del 2007. Sin embargo, en el año 2004, la empresa solicitó ampliar su PAMA hasta el 2011. Un año después, en el 2005, pidió que el periodo se amplíe hasta fines del 2010. Como se recuerda, el PAMA es un conjunto de proyectos que buscan reducir los impactos generados por las actividades mineras.

Finalmente en el 2006, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) le otorgó hasta el 31 de octubre para cumplir con dicho programa. No obstante, la empresa insistió en la ampliación del plazo.

Ya en febrero del 2009, el Gobierno Peruano le exigió a la empresa reanudar la instalación de una planta de ácido sulfúrico a fin de cumplir con el PAMA.

Meses después, en junio, Doe Run comunicó que el 100% de sus operaciones quedarían temporalmente paralizadas. Y en agosto, la empresa optó por someterse a un proceso de reestructuración de sus pasivos ante Indecopi.

Posteriormente, se recomendaron 20 meses como plazo para que Doe Run cumpla con la construcción de una planta de ácido sulfúrico. Días después, los trabajadores de la empresa se declararon en paro indefinido y bloquearon la Carretera Central, como una medida para exigir la reactivación de las operaciones.

Como resultado del intento de desalojo de la vía por parte de la Policía Nacional del Perú (PNP), se produjo el fallecimiento de un efectivo, cuatro heridos y diez trabajadores detenidos.

Tras ello, en setiembre, el Congreso aprobó la ampliación del PAMA por 30 meses y se dio a conocer que la minera de La Oroya podría comenzar a operar en un mes.

A fines de octubre de ese mismo año, los más de 3.000 trabajadores de Doe Run acordaron presentarse a laborar el día 30. No obstante, la empresa solicitó nuevamente una prórroga de 90 días para realizar el abastecimiento de concentrados e iniciar los trabajos de refinamiento en la planta La Oroya.

Días después, el Gobierno le otorgó a la minera un plazo de seis meses para definir cuál sería la garantía que ofrecerá al Estado para asegurar el cumplimiento de su PAMA. Asimismo, la empresa se resistió a reparar el daño de suelos en La Oroya. Pese a las ampliaciones otorgadas, la empresa no cumplió con el PAMA en el plazo de 30 meses más, los cuales fueron otorgados anteriormente.

Desde el Minem, se fijó julio de 2010 como plazo para reanudar las operaciones en La Oroya. El titular de la cartera ministerial de ese entonces, Pedro Sánchez, afirmó que no se le concedería más plazos y que se alistaban alternativas de solución social. La empresa se comprometió a reanudar sus actividades antes de la fecha límite del 27 de julio.

¿Y qué sucedía con los trabajadores? La Oroya había iniciado un paro indefinido en apoyo a los mismos. El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) informó de un plan para reubicar a los que perderían sus empleos si no se reiniciaban las operaciones.

Tras lo ocurrido, llegó una nueva promesa, el 26 de julio de 2010: que el lunes 2 de agosto los hornos se encenderían, esto pese a que no había certeza de su cumplimiento.

El siguiente año (2011), las marchas por la Carretera Central volvían para reclamar la reanudación de las operaciones de la planta. Asimismo, la empresa pedía que el Gobierno aceptara una serie de condiciones no precisadas y que el Indecopi aprobara su plan de reestructuración a cambio de un préstamo de dinero para remediar los suelos de La Oroya.

Por su parte, el Indecopi desestimó el pedido del Minem para el reconocimiento de una deuda por US$163 millones en el procedimiento concursal de Doe Run. Este monto se derivaba del incumplimiento del PAMA del complejo de La Oroya.

La empresa, ya en el 2012, buscó una nueva ampliación de su PAMA por 36 meses con la finalidad de implementar acciones que le permitieran retomar sus operaciones en el complejo metalúrgico. En ese mismo año, la junta de acreedores de Doe Run votó a favor de la reestructuración de la empresa.

A partir de la fecha, en 60 días, Doe Run debía presentar un plan para reestructurar la refinería. El Congreso anuncia que extendería el plazo para que se pueda culminar con el PAMA.

En el 2012, el Minem informa que la empresa lo ha demandado ante el Poder Judicial para solicitar la nulidad de la resolución que reconoce un crédito de US$163 millones a favor del Estado por el incumplimiento del PAMA.

En medio de la búsqueda de la ampliación del PAMA y la presentación del plan de reestructuración, los acreedores aprueban la liquidación de Doe Run. Se acuerda que en 30 días se nombrará a una firma liquidadora que se encargará de operar la empresa como una unidad y vender el complejo de La Oroya a un nuevo operador.

En ese mismo año, los trabajadores de Doe Run aceptan a Right Business, empresa liquidadora. Esta toma el control y cesa a gerentes. Asimismo, reconoce una deuda a los trabajadores por US$ 35 millones.

Luego de tres años y un mes de paralización, vuelve a funcionar la planta metalúrgica de La Oroya, como parte del proceso de liquidación de la empresa Doe Run emprendido por la firma Right Business. Asimismo, determina que el banco de inversión suizo UBS sea el encargado de la subasta pública internacional que se llevará a cabo para la venta conjunta de todas las unidades de negocios de la empresa.

En el 2013, luego de tres años de paralización (2009-2012), el complejo metalúrgico vuelve a posicionar sus productos en el exterior.

En el 2014, la junta de acreedores de Doe Run aprobó el plan de venta del CMLO y la mina Cobriza, presentado por el banco de inversión suizo UBS. De este modo, se acordó vender los dos principales activos de la empresa bajo la modalidad de liquidación en marcha. Los acreedores se volverían a reunir para designar al nuevo liquidador.

Right Business se retira de Doe Run y deja la administración a Profit Consultoría. En el 2015, este pone en marcha una ‘propuesta ambiental’ para despejar las dudas que disuaden a las empresas interesadas en comprarla, reveló una fuente cercana a la minero-metalúrgica.

En ese mismo año, y a dos semanas para que las empresas interesadas en adquirir Doe Run presenten sus sobres con ofertas, el Minem decidió dar marcha atrás y dilatar el proceso en tanto no se concluya el estudio ambiental del CMLO, actualmente en trámite. La sesión se prorroga hasta el próximo 5 de mayo.

La junta de acreedores de Doe Run decide aplazar hasta el 3 de agosto próximo (dos meses después de lo programado) la subasta internacional del complejo metalúrgico y la mina Cobriza.

Posteriormente, la subasta internacional de los activos de Doe Run se reaviva. El Minem aprobó el Instrumento de Gestión Ambiental Correctivo (IGAC) de la refinería de La Oroya, documento que certifica la viabilidad ambiental de esta instalación. En agosto de 2018, la subasta de Doe Run no tuvo postores por rígidos estándares ambientales. El proceso fue declarado desierto. y su colofón sería el despido de 2.400 trabajadores y el cierre de Cobriza.

En el 2016, el Ejecutivo buscó prorrogar la liquidación de Doe Run, por ello anunció que iba a presentar un proyecto de ley de modo que pueda extender liquidación en marcha de la empresa. Ya en el 2017, el Gobierno amplió el plazo para la venta de activos de la empresa. Se le otorgó un año adicional para este proceso, a partir del 28 de agosto.

A fines de ese mismo año, Indecopi canceló el registro como liquidador de la minerometalúrgica Doe Run dejándola sin administrador concursal.

Un año más tarde, 2018, sus trabajadores anunciaron haber conseguido el capital para adquirir tanto el complejo metalúrgico como la mina Cobriza.

El año pasado, el Ministerio Público inició una investigación preliminar contra Doe Run debido al derrame de un relave que afectó al río Mantaro y al centro poblado de Expansión Cobriza. El hecho se produjo el 10 de julio de ese año.

En octubre, la junta de acreedores de Doe Run aprobó la segregación de la mina Cobriza en una nueva empresa separada denominada Nueva Cobriza. Los obreros de La Oroya rechazaron la venta de Cobriza y tomaron Doe Run como protesta a la administración concursal.

El 15 de enero de este año, la junta de acreedores de Doe Run acordó trasferir el Complejo Metalúrgico de La Oroya a sus trabajadores luego de 10 años de proceso concursal. El hecho se efectuaría el 30 de junio.

Fuente: El Comercio