Cajamarca es, por sexto año consecutivo, la región más pobre del país. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), durante el 2017 el 47,5% de su población no contó con ingresos suficientes para cubrir la canasta básica familiar, valorizada en S/388 mensuales.

La pobreza es marcada y extendida en la región. Cajamarca tiene 4 de los 10 distritos más pobres del país y con la mayor cantidad de pobres extremos, que fluctúan entre el 13% y 20% de la población, de acuerdo al INEI. En la localidad de Chetilla [que figura en la foto superior], 9 de cada 10 habitantes no lograron cubrir sus necesidades básicas.

Si bien el índice de pobreza de la región bajó 0,7 puntos porcentuales el año pasado respecto al 2016 –y casi 6 en la última década–, la proporción de pobres en Cajamarca está aún muy por encima del promedio nacional, que es de 21,7%.

Asimismo, según cifras del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), Cajamarca concentra la mayor cantidad de usuarios de programas sociales como Juntos y Pensión 65. A marzo de este año, el primero reportaba unas 112 mil familias beneficiarias, mientras que el segundo tenía más de 61 mil usuarios.

La persistencia de la pobreza está relacionada con el bajo desempeño económico de Cajamarca [ver gráfico]. El año pasado, el PBI cajamarquino se expandió 1% –una de las menores tasas del país–; pero esta cifra no logró contrarrestar los cuatro años previos de recesión. En la última década, el crecimiento acumulado solo fue de 31%, casi la mitad de lo registrado en el país (60,8%).

Víctor Fuentes, investigador del Instituto Peruano de Economía (IPE), refiere que el tímido crecimiento del año pasado estuvo asociado a factores temporales como con un rebote de la minería y una expansión de la construcción a fines de año, alentada por una mayor inversión pública del Gobierno Central.

“Si descontásemos el ‘hipo’ minero entre julio y setiembre, Cajamarca hubiese seguido cayendo. En el consolidado anual, la minería cayó 7,5%, siguiendo la trayectoria negativa de los últimos cinco años”, explica Fuentes.

La composición económica de Cajamarca explica en parte su retraso. El 55% de la PEA ocupada trabaja en agricultura, que representa solo el 13% del PBI regional. Gran parte de esta población vive al borde de la subsistencia y cultiva productos de baja rentabilidad en el mercado, como arroz o papa.

“Más de la mitad de los trabajadores están en un sector que no rinde. Ellos perciben, en promedio, S/2.819 anuales, que resultan S/284 mensuales, por debajo de la canasta básica”, añade Fuentes.

El rezago también se ve en las fuentes de crecimiento a largo plazo. Cajamarca es la región menos competitiva del país, según el Índice de Competitividad Regional elaborado por el IPE. Ocupa las últimas posiciones del país en 18 de los 45 indicadores medidos.

Opciones productivas

Gran parte del potencial económico cajamarquino yace en la minería. Según el Ministerio de Energía y Minas (Minem), a la fecha esta región concentra inversiones en cartera por US$16.029 millones; representa el 27,7% del total nacional.

Entre los principales proyectos figuran La Granja (US$5.000 millones), Conga (US$4.800 millones), El Galeno (US$3.500 millones) y Michiquillay (US$2.500 millones), este último recientemente adjudicado a Southern Perú.

Sin embargo, el inicio de dichas inversiones aún no está definido y su viabilidad depende de la conflictividad social latente.

Frente a esto, el Minem prepara un plan para reforzar la presencia del Estado en las comunidades de Michiquillay y La Encañada, que incluye la dotación de energía y la posibilidad de que ambas se beneficien del fondo de adelanto social.

Pese a que el potencial económico de la región radica en la minería, César Aliaga, ex vicepresidente regional de Cajamarca y cercano al ex gobernador Gregorio Santos, sostiene que las inversiones públicas y privadas en esta parte del país deberían enfocarse en el sector agrícola.

Esta opinión es compartida parcialmente por Carlos Mondragón, presidente de la Cámara de Comercio de Cajamarca, quien añade que debe fomentarse una diversificación productiva complementaria a la minería. Su gremio apunta, por ejemplo, al sector forestal como fuente de desarrollo sostenible en la región.

Un escenario político complicado

El clima político e institucional no ha beneficiado a Cajamarca. El ex gobernador regional Gregorio Santos –quien tuvo un marcado discurso contra la inversión minera– forma parte de una larga lista de gobernadores con procesos judiciales pendientes.

Santos fue reelegido en el 2014, pero no pudo asumir el cargo por estar en prisión preventiva por colusión y asociación ilícita. Él fue liberado en el 2016 tras permanecer 25 meses en la cárcel. Desde que salió de prisión, no ha solicitado sus credenciales de gobernador. Hoy, el Gobierno Regional de Cajamarca está en manos de Porfirio Medina Vásquez.

A menos de cinco meses de unas nuevas elecciones subnacionales, el panorama político aún es incierto. Si bien algunos sondeos otorgan una ligera ventaja al Movimiento de Afirmación Social, MAS (agrupación que llevó al poder a Santos), otros actores políticos y empresariales buscan establecer una agenda común de desarrollo para los próximos años.

“Tenemos que ponernos de acuerdo y alcanzar un crecimiento de entre 2% y 3% hasta el 2021 para poder cerrar las brechas sociales existentes, que a la fecha bordean los S/22 mil millones. Si esto no sucede, será muy difícil que cambiemos la situación social y política”, afirma Carlos Mondragón, del gremio empresarial cajamarquino.

Por su parte, César Aliaga, del MAS, resalta la importancia de la participación del Gobierno Central en la reactivación económica de la región por medio de la inversión pública