Por Juan Carlos Ortiz, vicepresidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú

El titular del Ministerio de Energía y Minas (Minem), Jorge Montero, informó que, el sector minero anda viento en popa, tras anunciar que las inversiones mineras en el Perú llegaron a US$ 4,880 millones al cierre del 2024, generando 230 mil empleos a nivel nacional. Como prueba de ello, tras 15 años de presencia en el país, la minera sudafricana Gold Fields sigue invirtiendo y tiene previsto iniciar este 2025, cinco nuevos proyectos en su zona de influencia en Cajamarca, a través del mecanismo de obras por impuestos. Estas iniciativas se enmarcan con el cumplimiento de los compromisos de gestión social de la compañía como un socio estratégico local para el desarrollo sostenible de las comunidades. Asimismo, van de la mano con los planes de la minera en el país en la búsqueda de nuevos yacimientos tanto de oro como de cobre.

Sin embargo, para que el sector privado siga apostando por invertir en el Perú, es necesario que además de estabilidad jurídica, económica y un potencial geológico envidiable, se les brinde seguridad ciudadana y un combate frontal con resultados contra la criminalidad que amenaza también a la minería formal.

Según Videnza Instituto ante el aumento de la criminalidad a nivel nacional, las empresas que operan en el país, incluida la industria minera, invierten aproximadamente S/ 15 mil millones en seguridad privada al año. Se trata de recursos para resguardar la seguridad de sus plantas y trabajadores, a causa de la expansión de economías ilegales.

Desde el IIMP instamos a las autoridades a ejecutar un plan integral con estrategias articuladas, vinculantes, cumpliendo metas y tiempos entre todas las instituciones involucradas en la lucha contra el crimen organizado impulsado por la minería ilegal, una actividad que a la fecha mueve más recursos económicos que el narcotráfico, ascendentes a US$ 6,000 millones al año.

Y en esa misma línea coincidimos con Víctor Gobitz, presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), que resalta que, para enfrentar a la minería ilegal en el país, se requiere más que la intervención policial. Para el vocero del gremio minero energético, el Gobierno debe emplear herramientas como la Sunat, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Osinergmin para atacar las raíces del problema y controlar el flujo de dinero ilícito asociado a esta actividad.

Efectivamente, el combate contra la minería ilegal requiere más acciones de inteligencia, además del seguimiento a los insumos, explosivos, maquinaria pesada, operativos de interdicción y destrucción de dragas y equipos con los que cuentan la minería ilegal.

La minería formal es el motor de desarrollo económico para el país pues aporta al 10% del PBI nacional. La participación de este sector al cierre del III Trimestre del 2024 generó 43,208 millones de soles en la economía peruana. Para que siga contribuyendo, mediante la generación de puestos de trabajo directos e indirectos, a la recaudación fiscal y dinamizando nuestra economía, es necesario que todos los peruanos sumemos esfuerzos y alentemos esta industria.