180 181 la cerro de pasco la mayor inversión del siglo xx año, la Empresa Comercializadora de Harina y Aceite de Pescado (EPCHAP) en 1970, la Empresa Pública de Servicios Agropecuarios y Pesqueros (EPSAP) en 1969 –que se dividiría en dos en 1970: EPSA para la parte agropecuaria y EPSEP para la de pesca– y otras más. De esa forma, hacia 1975, todas estas empresas públicas controlaban el 50% del total de las importaciones peruanas y el 85% del total de las exportaciones. Con el tremendo peso de las empresas públicas en la economía nacional, el gobierno no pudo distraer su apetito de controlar también los precios de los alimentos básicos como el arroz, el trigo, la carne y los productos lácteos, subvencionándolos y propiciando un cúmulo de distorsiones populistas. En paralelo se crearon reglas prohibitivas y diferenciadas para la inversión extranjera y se bosquejaron nuevas formas de propiedad en la industria y en la agricultura, basadas en el supuesto equivocado de que la participación de los obreros en las decisiones y utilidades de las empresas terminarían con la pobreza. En realidad, lo que lograron fue sembrar los cimientos de una de las crisis más graves en nuestra historia republicana y cuyas consecuencias más penosas se desatarían recién una década después. En el caso de la Cerro, además de la expropiación de las haciendas, el gobierno continuó con su proceso de nacionalización de activos. Por ejemplo, promulgó el Decreto Ley No. 18880, que le permitía al Estado participar protagónicamente de la actividad minera, abriendo un amplio e ilimitado marco de intervención pública en el sector. Adicionalmente, en setiembre de 1972 se promulgó la Ley Normativa de Electricidad, que reservaba para el Estado todas las actividades del negocio del sector eléctrico que fueran de beneficio público, como la generación, transformación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica. El interés real era que el Estado ingresase a operar en todo el negocio eléctrico. El mismo decreto creó Electroperú como un organismo público descentralizado que conduciría, de manera exclusiva, las actividades del Estado en el sector. En paralelo, la Ley 19521 estableció que todas aquellas empresas concesionarias que prestasen servicio público de electricidad, y que se encontrasen en poder de inversionistas extranjeros, fueran adquiridas inmediatamente por el Estado. Entre la espada y la pared El alcance y el desborde de la reestructuración económica que pretendía el gobierno y la rapidez en su implementación contribuían a que prevaleciera un clima de incertidumbre en el ecosistema de los negocios, especialmente entre los grandes inversores extranjeros y en la comunidad empresarial nacional. Esa falta de predictibilidad hizo que disminuyera el ritmo de las inversiones y de la actividad comercial en el país. A ese desconcierto se sumó la aparición en 1970 de un nuevo marco legal para la minería, que incidía especialmente en lo relacionado a las propiedades no explotadas, incluyendo a las que estaban bajo el paraguas de la Cerro de Pasco. Esta nueva normativa no afectaba a sus seis grandes minas operativas, pero sí directamente a otros proyectos que esperaban mejores condiciones para su explotación como Antamina, Chalcobamba, Ferrobamba y Tintaya. El 2 de setiembre de ese mismo año se promulgó el Decreto Ley No. 17792, que obligaba que todas las concesiones mineras no explotadas a un ritmo mínimo de un sexagésimo de sus reservas minerales por año revirtieran al Estado. Sin embargo, las empresas tenían la posibilidad de presentar, a más tardar el último día del año, un cronograma de operaciones para la explotación de esas concesiones, con la condición de que se iniciaran las actividades antes de abril de 1975. Entre otras exigencias se resaltaba que si la empresa no cumplía con presentar ese cronograma, o trabajaba fuera del calendario propuesto, o si no alcanzaba el objetivo mínimo de producción cada año, la LAS DRÁSTICAS REFORMAS DE VELASCO CREARON UN CLIMA DE INCERTIDUMBRE EN LA COMUNIDAD EMPRESARIAL, SE REDUJO EL RITMO DE LAS INVERSIONES Y DECAYERON LAS ACTIVIDADES COMERCIALES EN EL PAÍS.
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