Luis Miguel Castilla, director de Videnza Instituto, agregó que el 80% de los pequeños negocios con puerta a la calle a nivel nacional, ha sido víctima de la delincuencia y ocasionó que el 20% quiebre.

Lima, 14 de febrero de 2025. Debido al aumento de la criminalidad, nueve de cada 10 microempresas en el país tuvieron que aumentar 10 veces su presupuesto en seguridad privada, reveló Luis Miguel Castilla, director ejecutivo de Videnza Instituto y exministro de Economía y Finanzas.

Durante su participación en el Jueves Minero como panelista, organizado por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), señaló que este flagelo afecta a los emprendedores que son el tejido empresarial del país.

“El costo de la seguridad privada afecta al 95% del tejido empresarial del país que son las microempresas. Los emprendedores que sufren este flagelo sin solución aparente han tenido que multiplicar por 10 los presupuestos en seguridad particular”, sostuvo en el evento del IIMP.

Castilla agregó que este fenómeno delincuencial es como una especie de impuesto que está pagando la base de la economía popular del país.

“Los pequeños negocios con puerta a la calle, barberías, peluquerías, bodegas, farmacias, el 80% ha sido víctima de la delincuencia y ha ocasionado que el 20% haya quebrado, es como una mini pandemia que está ocurriendo en el país”, manifestó.

El exministro de Economía y Finanzas agregó que la desinstitucionalización del Estado que trajo consigo la inestabilidad política en la actualidad, ha impulsado que el crimen se instale en la política.

“Hay vacíos de poder y de presencia estatal que ha sido tomada por las economías criminales, con representación política y que van a tener un rol en la siguiente elección”, dijo ante el auditorio del IIMP.

Minería ilegal

Asimismo, Castilla resaltó que la minería ilegal es el problema más importante que enfrentamos como país.

Dijo que los gobiernos regionales encargados de fiscalizar a la pequeña minería han sufrido un debilitamiento y falta de cumplimiento en sus funciones por falta de presupuesto o porque han sido capturados por estas bandas criminales.

“La mitad de la inversión pública en un año se va en pérdidas asociadas a la minería ilegal, constituye el 20% de los ingresos fiscales del Estado”, concluyó.