Las pequeñas y medianas mineras, así como sus proveedores son las más vulnerables a robos en sus zonas de extracción, de procesamiento, rutas de transportes, extorsión y cobros de cupos.

Lima, 14 de febrero de 2025. Para el director de Asuntos Públicos del Instituto de Criminología, Nicolas Zevallos, son al menos 10 los delitos los que amenazan a la industria minera en el país.

Durante su participación en el Jueves Minero, organizado por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), Zevallos afirmó que “existe una locomotora llamada minería ilegal que jala a otras redes criminales”.

“Lo importante en esta discusión es que cuando miramos este marco jurídico y penal, y no estamos hablando nada más de minería ilegal, de unas cuantas personas sino hablamos de 10 delitos, 52 manifestaciones y de 21 tipos penales que están siendo abarcados por estos fenómenos”, manifestó en el evento del IIMP.

El experto en seguridad pública detalló que las actividades del crimen organizado como amenaza de la minería formal incluyen la invasión de concesiones mineras, el robo de minerales, cargamentos en rutas de transporte, de maquinaria, equipamiento, dinero, la extorsión a empleados, las propias empresas y contratistas mineras

Zevallos aseveró que es importante que las autoridades miren este catálogo específico de delitos para que se oriente estratégicamente la persecución penal y así tener una respuesta efectiva contra la criminalidad.

“Y cuando volteamos a mirar cómo estamos equipando de capacidad de respuesta al Estado para que pueda hacer seguimiento a estos tipos penales. Cómo está la Fiscalía, la PNP capacitada para esto”, cuestionó.

Las más vulnerables

Zevallos agregó que el crimen organizado que se infiltra en la cadena de suministro de la industria minera tiene en la mira a las pequeñas y medianas empresas de la industria minera por la menor capacidad de vigilancia, de recursos para poder protegerse.

“Encontramos robos y hurtos en zonas de extracción, de procesamiento, rutas de transportes, extorsión y cobros de cupos a trabajadores de minas, empresas mineras sobre todo a las pequeñas y medianas, o a sus proveedores”, detalló el criminólogo.

Zavallos apuntó que la falta de un enfoque integral y la escasa presencia del Estado hace que las empresas mineras dependan de la seguridad privada.

El experto en seguridad pública resaltó que es mucho más fácil extorsionar a un informal que a una gran empresa porque si denuncian no van a saber explicar de dónde viene el mineral.

El director de Asuntos Públicos de la entidad también advirtió que el alza de los precios del oro empuja que la inseguridad ciudadana siga avanzando en el país.

“Existe relación entre los altos precios del oro y el crecimiento de la inseguridad ciudadana. El actor criminal es uno que busca rentabilidad y va a ser de interés porque efectivamente lo que están buscando es negocio”, dijo ante el auditorio del IIMP.