Empresarios buscarán reunirse con el premier Gustavo Adrianzén para que la Policía pueda seguir actuando frente a la tenencia ilegal de explosivos.

Lima, 15 de marzo de 2024. Tras la aprobación del Congreso de la República del proyecto de ley 7278, el cual deroga el Decreto Legislativo 1607, que establecía un freno a la minería ilegal y buscaba fortalecer el proceso de formalización, los gremios empresariales se pronunciaron y solicitaron al Poder Ejecutivo que observa la norma, pues favorece a la minería ilegal.

En conferencia de prensa se presentaron Darío Zegarra, vicepresidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP); Víctor Gobitz, presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Energía y Petróleo (SNMPE); Leonie Roca, vicepresidenta de Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep); Alonso Rey, segundo vicepresidente de Sociedad de Comercio Exterior del Perú (Comex) y Gabriel Amaro, presidente de Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP).

Desde el IIMP, Zegarra mostró su preocupación por la derogación del Congreso a una norma que había sido impulsada por el Gobierno para frenar el avance de la minería ilegal. “Los impactos que generan la minería ilegal en el país nos afectan a todos. El 39% del oro que exportamos provienen de la minería ilegal y en esa ruta se dejan de pagar impuestos que podrían servir para reducir brechas sociales. Representa así también una pérdida del 2.5% del PBI”, manifestó.

En ese sentido, manifestó que el proceso de formalización que tiene como principal herramienta el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) tiene más del 83% de inscritos con condición de suspendidos. Dijo que han transcurrido más de 8 años desde que se creó ese mecanismo, y a la fecha, no se han cumplido los requisitos de estos mineros para ser formales, entre ellos, la presentación de instrumento que establezca las medidas de cuidado ambiental.

“El Reinfo se ha convertido en una herramienta para encubrir la ilegalidad, otorga a los inscritos la extensión de responsabilidad. Es decir, que no pueden ser procesados por el delito de minería ilegal y la criminalidad asociada, solo por el hecho de estar en el registro y estar suspendido. Si queremos darles a nuestros hijos un país seguro y que permita el desarrollo de las personas, nuestras autoridades no pueden darle la espalda a la lucha contra la criminalidad”, aseveró.

Solicitud al Ejecutivo

En tanto, Leonie Roca, vicepresidenta de Confiep, indicó que como gremios esperan que ahora el Poder Ejecutivo rectifique y observe la norma que le quita facultades a los agentes policiales para intervenir y tomar acciones frente a la tenencia ilegal de materiales explosivos, insumo esencial para el desarrollo de la minería ilegal.

“Hubiéramos esperado que desde el Minem se diga que se interpondrá una acción de institucionalidad o que observará la norma para que lo aprobado ayer dure la menor cantidad de tiempo posible. Creo que sensibilizando a la población de la seriedad que tiene para el país, que convertirnos en una república donde no hay ley, donde no hay orden, donde a la Policía se le quitan competencias y cualquiera puede comprar explosivos, confiamos en que eso será revertido a la brevedad”, apuntó tras ser consultada por el comunicado del Minem que señala que seguirán trabajando dentro del marco legal luego de haber sido derogada la norma.

Finalmente, Víctor Gobitz, titular de la SNMPE, adelantó que además de emitir un comunicado formal y que será enviado a la PCM, buscarán reunirse con el premier Gustavo Adrianzén para que el Ejecutivo tome cartas en el asunto y rectifique lo aprobado por el Parlamento. “El Congreso ha abdicado ante el crimen organizado”, sentenció.