Lima, 06 de abril de 2026. La minería ilegal se consolida como una de las principales preocupaciones del electorado peruano, con un amplio consenso sobre su carácter delictivo y su impacto en el país.
Según el estudio “Percepción hacia la minería ilegal”, elaborado por Ipsos para el colectivo País Seguro (PAS), el 86% de la población considera que esta actividad constituye un delito, reflejando un alto nivel de rechazo social.
Alta percepción de impacto económico, social y político
El reconocimiento de la minería ilegal como delito se complementa con una percepción generalizada de sus efectos negativos. El 83% de los ciudadanos considera que perjudica al país, mientras que el 80% señala que ha influido en autoridades del Congreso y gobiernos regionales.
Asimismo, el 78% cree que esta actividad financia redes de crimen organizado, y el 72% la percibe como una amenaza directa para las familias, evidenciando su impacto multidimensional.
Crece la percepción de expansión y falta de control
El estudio también revela que el 66% de los encuestados considera que la minería ilegal ha aumentado en el último año, mientras que el mismo porcentaje opina que las autoridades no están tomando medidas efectivas para combatirla.
Este escenario refuerza la demanda ciudadana por acciones más contundentes desde el Estado.
Tema clave en la agenda electoral
En el contexto electoral, el 73% de la población considera muy importante que los candidatos tengan una postura firme contra la minería ilegal, lo que posiciona este tema como un factor relevante en las decisiones de voto.
Además, persiste la preocupación por su influencia en la política: el 71% cree probable que financie campañas legislativas, el 69% campañas presidenciales y el 64% advierte un posible control político por mafias vinculadas a esta actividad.
En este contexto, la minería ilegal se consolida como una amenaza estructural para el país y un eje central en el debate político nacional.
Fuente: Rumbo Minero
