Lima, 27 de julio de 2026. El Gobierno prorrogó por 60 días el estado de emergencia en la provincia de Pataz, región La Libertad, con el objetivo de enfrentar el accionar de organizaciones criminales vinculadas a la minería ilegal y otras manifestaciones de violencia. La medida entrará en vigencia el 4 de agosto de 2026 y se oficializó mediante el Decreto Supremo N.° 113-2026-PCM, publicado en el Diario Oficial El Peruano.
La prórroga contempla la continuidad de las acciones extraordinarias para restablecer el orden interno en una de las principales zonas afectadas por la minería ilegal en el país. En ese marco, las Fuerzas Armadas mantendrán el control del orden interno con el apoyo de la Policía Nacional del Perú (PNP), a fin de neutralizar las actividades ilícitas y garantizar la seguridad de la población.
Asimismo, el Ejecutivo dispuso mantener la inmovilización social obligatoria en Pataz, que regirá diariamente desde las 22:00 hasta las 05:00 horas, como parte de las medidas orientadas a restringir el desplazamiento durante el horario de mayor riesgo y fortalecer las operaciones de seguridad en la provincia.
Loreto
De manera paralela, el Gobierno prorrogó el estado de emergencia en las provincias de Putumayo y Mariscal Castilla, así como en los distritos de Torres Causana y Napo, en la región Loreto. La medida se oficializó mediante el Decreto Supremo N.° 114-2026-PCM y también tendrá una vigencia de 60 días a partir del 4 de agosto.
En estas jurisdicciones amazónicas, el objetivo es enfrentar el accionar de grupos hostiles y otras amenazas conexas, además de fortalecer el control migratorio y fronterizo. Al igual que en Pataz, las Fuerzas Armadas asumirán el control del orden interno con apoyo de la Policía Nacional para garantizar el cumplimiento de las acciones previstas.
Los decretos supremos llevan la firma del presidente José María Balcázar, del presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, y de los ministros de Estado correspondientes, en el marco de la estrategia del Ejecutivo para reforzar la seguridad en zonas críticas afectadas por economías ilegales y amenazas al orden interno.
Fuente: Rumbo Minero
