Lima, 09 de octubre de 2026.- La lucha contra la minería ilegal en el Perú ha intensificado sus acciones, con un promedio mensual de intervenciones que pasó de 62 en 2024 a más de 130 en 2026. Según cifras de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), las autoridades han ejecutado más de 2,300 operativos y decomisado bienes valorizados en más de S/ 7,000 millones durante los últimos dos años, en un contexto en el que una iniciativa legislativa busca cambiar las disposiciones sobre el destino de la maquinaria incautada.
El incremento de las intervenciones ha sido progresivo. Durante 2025 se registró un promedio de 86 operativos mensuales, cifra superior a la reportada en 2024, pero por debajo de los niveles alcanzados este año.
Las acciones de interdicción comprenden la intervención de maquinaria, equipos e insumos utilizados en la extracción ilegal de minerales. En zonas de difícil acceso, las autoridades pueden recurrir a su destrucción ante las limitaciones logísticas y de seguridad que implica trasladar estos bienes.
El aumento de los operativos adquiere relevancia ante el vencimiento del proceso de formalización minera, previsto para el 31 de diciembre de 2026. Especialistas consultados por Gestión advierten que este escenario podría incrementar las intervenciones durante 2027.
En este contexto, una iniciativa legislativa presentada por Juntos por el Perú plantea modificar el Decreto Legislativo N.° 1100 para priorizar el retiro, traslado y custodia de maquinaria pesada intervenida en operativos contra la minería ilegal, siempre que existan condiciones para su recuperación.
La propuesta contempla que la destrucción de los equipos se aplique cuando su traslado resulte inviable por las condiciones geográficas o dificultades operativas. Asimismo, plantea que la maquinaria recuperada pueda destinarse a obras de infraestructura, como caminos vecinales y canales de riego, cuando legalmente corresponda.
Sin embargo, especialistas consultados por Gestión advierten que estos cambios podrían dificultar las acciones de interdicción debido a los recursos, personal y condiciones de seguridad necesarios para trasladar y custodiar los equipos. La iniciativa se encuentra en debate y todavía no modifica las disposiciones vigentes.
Fuente: Gestión
