Minería ilegal: un desafío que exige decisiones firmes

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La reciente designación de Mayra Figueroa Valderrama como viceministra de Minas representa una oportunidad
para fortalecer la conducción del sector en un momento particularmente desafiante para el país. Su experiencia
en sostenibilidad y articulación minera puede contribuir a impulsar una agenda que hoy exige liderazgo, coordinación
institucional y decisiones firmes. 

El contexto es complejo. La minería ilegal se ha consolidado como una de las economías ilícitas más extendidas en el
Perú. Un reciente estudio de Ipsos para el colectivo País Seguro (PAS) muestra con claridad la preocupación ciudadana:
el 86% de los peruanos considera que la minería ilegal es un delito, y el 43% la identifica como la actividad ilícita que
más dinero mueve en el país, incluso por encima del narcotráfico.

Esta percepción refleja una mayor conciencia pública sobre los impactos de esta actividad. La minería ilegal no solo
evade impuestos y opera al margen de la ley; también genera graves daños ambientales, distorsiona las economías
locales y debilita la institucionalidad en los territorios donde se expande.

A esta realidad se suma otro dato que evidencia la magnitud del problema: se estima la existencia de alrededor de 2,000 plantas de procesamiento informales e ilegales en el país. Muchas de ellas operan sin controles adecuados y con volúmenes de producción que no siempre guardan relación con losestándares técnicos esperados. Esto demuestra que el desafío no se limita a la extracción ilegal, sino que abarca también eslabones críticos de la cadena de procesamiento y comercialización del mineral.

Frente a este escenario, la respuesta del Estado debe ser integral y sostenida. La lucha contra la minería ilegal no puede
limitarse a acciones aisladas de interdicción. Requiere fortalecer la fiscalización, mejorar la trazabilidad del mineral, cerrar los espacios que permiten el procesamiento ilegal y avanzar en procesos efectivos de formalización para los pequeños
productores que sí desean operar dentro de la ley.

Desde el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú sostenemos que la minería formal debe ser parte central de esta solución. Se trata de una actividad que genera empleo formal, impulsa cadenas productivas, aporta recursos fiscales y contribuye al desarrollo de las regiones cuando se desarrolla con estándares ambientales y sociales adecuados.

El reto para las autoridades es grande. Pero también es una oportunidad para fortalecer la institucionalidad minera y
enfrentar con decisión una de las principales economías ilícitas del país.
Combatir la minería ilegal y promover una minería moderna y responsable es una tarea clave para el desarrollo sostenible del Perú.