176 177 la cerro de pasco la mayor inversión del siglo xx existir en un sector latinoamericano una suerte de ideal revolucionario –desde que Castro tomara el poder en Cuba por medio de las armas– la Comisión Económica para América Latina y El Caribe – CEPAL había estimulado una política de Industrialización por Sustitución de Importaciones en la región. Básicamente invitaba a los países a satisfacer las demandas de consumo de su población fabricando o produciendo, en el propio país, la mayor cantidad de artículos o productos. El fin era disminuir la dependencia comercial de las potencias extranjeras, protegiendo la producción nacional e interviniendo en el mercado. En la práctica, muchos entendieron que esa nueva política podía extenderse a la participación del Estado en las actividades económicas estratégicas, como la explotación de los recursos naturales. Así el gobierno fue participando cada vez más en la economía. La Reforma Agraria quebró en el espinazo un modelo económico cuyo origen se remontaba a la época de la Colonia y que, ciertamente, en varios aspectos estaba desfasado y en otros era caduco, pero se le sustituyó por otro peor y que terminó destruyendo la agricultura nacional. Los latifundios se reemplazaron por Cooperativas Agrarias de Producción y Sociedades Agrarias de Interés Social, en las que funcionarios del estado, “representantes de los campesinos”, tomaron las riendas de las tierras cultivables. Cinco décadas después, es evidente que el desconocimiento de esos funcionarios en temas agrarios y de los métodos modernos, la ignorancia en la administración de negocios, la falta de inversión en el recambio de equipo y tecnología, así como la posterior parcelación y atomización de los predios por parte de los propios campesinos, propiciaron un retraso del sector agrícola nacional de más de treinta años. De nada sirvió la llamada reforma ni la destrucción del sistema anterior. Es más, a la luz de los hechos, nos fue mucho peor. La Reforma Agraria de Velasco se había iniciado en 1969, pero la primera expropiación de tierras que sacudió a la Cerro de Pasco se había producido en 1963, cuando el Estado destinó las haciendas de Pachacayo y Cónsac a favor de la comunidad indígena de Canchayllo, en Jauja. Pero la amenaza más grande se materializó en 1967. La Oficina de Reforma Agraria y de Colonización – instalada cuatro años antes durante la Junta Militar de Gobierno– le había iniciado otro proceso de expropiación que involucraba a sus haciendas. Entre otras cosas, la oficina justificaba el proceso por las continuas huelgas, los conflictos sociales en el entorno de la empresa y por los pasivos ambientales que provocaban las minas y su refinería; pese a que esas tierras nada tenían que ver con las operaciones mineras o metalúrgicas. La mayor parte de ellas, que estaban bajo la administración de la División Ganadera, habían sido adquiridas en los años veinte mediante un acuerdo con las comunidades de La Oroya afectadas por los humos de la fundición. Buena parte de esas 232,000 hectáreas eran utilizadas en la siembra del pasto para la crianza de ganado ovino. Cuando la situación se volvió irreversible, el gobierno propuso compensar a la empresa con un pago a veinte años mediante bonos soberanos peruanos, incluyendo intereses. Sin embargo, el monto no fue Las drásticas reformas se sustentaron en el beneficio que traerían al obrero, pero eso solo sucedió en el papel. MUCHOS ENTENDIERON QUE LAS IDEAS DE LA CEPAL PODÍAN EXTENDERSE A LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS ESTRATÉGICAS, NACIONALIZANDO LA EXPLOTACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES.
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