La minería ilegal no solo genera daños ambientales y ocupa territorios, también demanda una cadena de abastecimiento de combustibles e insumos que permite sostener sus operaciones. En Madre de Dios, el consumo de combustible llegó a ser ocho veces superior al promedio nacional, debido al uso intensivo de retroexcavadoras, volquetes y otras maquinarias empleadas en esta actividad.
La alerta fue planteada por el Colectivo País Seguro (PAS), que identificó el tráfico ilícito de combustibles como uno de los principales soportes logísticos de la minería ilegal. Frente a este escenario, la organización consideró necesario reforzar el control de la cadena de suministro de insumos utilizados por las redes dedicadas a la extracción ilegal de minerales.
La magnitud de la demanda también se refleja en el consumo de maquinaria utilizada en la Amazonía. Según el Colectivo PAS, una sola draga que opera en los ríos puede consumir hasta 250 galones de diésel por semana.
La organización alertó, además, sobre la existencia de más de 14 rutas de contrabando, terrestres y fluviales, utilizadas para desviar combustibles desde regiones vecinas y países fronterizos hacia zonas de minería ilegal, entre ellas La Pampa, en Madre de Dios.
El abastecimiento de estos insumos representa un desafío para las autoridades, debido a que las operaciones ilegales requieren combustible de manera constante para mantener en funcionamiento la maquinaria pesada.
El Colectivo PAS también advirtió que el uso de mercurio continúa en aumento, especialmente en Madre de Dios y Puno, regiones donde se concentra buena parte de la minería ilegal.
Según la organización, este insumo ingresaría principalmente de contrabando desde Bolivia, país que ha incrementado significativamente sus importaciones de mercurio.
A ello se suma el uso del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). El colectivo denunció que organizaciones criminales recurren a este mecanismo para justificar y «blanquear» el transporte masivo de combustibles e insumos destinados a actividades ilegales.
Ante este panorama, la organización sostuvo que las acciones de interdicción no deben limitarse a destruir maquinaria, sino que también deben enfocarse en interrumpir el abastecimiento de combustibles e insumos químicos que permite sostener estas operaciones.
En un caso relacionado con el tráfico de insumos destinados a la minería ilegal, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de Nauta informó que obtuvo una sentencia de cinco años de prisión suspendida contra Manuel Castillo, hallado responsable de este delito.
El Ministerio Público precisó que Castillo fue intervenido el 21 de junio de 2026 en inmediaciones del río Tigre, en Loreto, cuando transportaba 5.000 galones de combustible, entre gasolina y diésel, a bordo de la embarcación fluvial BIP BIP, con destino a la localidad de Intuto.
Durante la intervención, realizada por personal de la Marina de Guerra del Perú, también se incautaron 2.000 galones de combustible sin facturas, guías de remisión ni permisos legales, además de motores diésel, motobombas, un grupo electrógeno, baterías industriales, una escopeta y otros implementos presuntamente utilizados para la minería ilegal.
Al acogerse a la figura de terminación anticipada, Castillo aceptó su responsabilidad penal y fue condenado a cinco años de prisión suspendida, además del pago de S/9.000 por concepto de reparación civil a favor del Estado.
