Lima, 20 de agosto de 2026. La relación entre sostenibilidad y rentabilidad se ha vuelto inseparable en las estrategias de inversión, especialmente en sectores como el minero, donde el entorno regional condiciona directamente el éxito de los proyectos. Así lo expuso Carlos Gallardo, gerente general del Instituto Peruano de Economía (IPE), durante el Encuentro Internacional de Gestión Social y Sostenibilidad (GESS 2026), al presentar un panorama detallado de los desafíos que enfrentan las regiones del Perú.
Para Gallardo, las brechas en servicios básicos, educación, salud y seguridad no solo afectan la calidad de vida, sino que también determinan la viabilidad y el futuro de las inversiones privadas.
“El análisis que hemos hecho muestra que, si pensamos en la competitividad de una región y vinculamos la sostenibilidad a este concepto, se identifica una ruta para poder impulsar inversión privada, crecimiento económico que conviene principalmente a la inversión privada”, sostuvo. Esta visión, explicó, es especialmente relevante en el desarrollo de proyectos mineros, donde la interacción con las comunidades y el entorno es permanente y decisiva.
El gerente general del IPE citó cifras contundentes: según el último censo, 5 millones de peruanos no tienen acceso al agua potable, y en 13 regiones menos del 20% de la población recibe agua de calidad.
“El agua es un problema muy importante hoy, lo es ya hace bastante tiempo y creo que es para nosotros una de las prioridades para hablar de sostenibilidad a nivel territorial”, remarcó. Además, destacó que “ocho de cada diez hospitales presentan capacidad instalada inadecuada y cuatro de cada diez escuelas requieren sustitución total, con más del 70% de su infraestructura dañada”.
Otros factores
Gallardo advirtió que la inseguridad también limita la competitividad. “El indicador de victimización ha regresado a niveles de hace una década y las extorsiones se han multiplicado por seis u ocho veces en los últimos cinco años”, detalló. A esto se suma que uno de cada dos proyectos de inversión pública de gobiernos regionales y locales está paralizado o abandonado, lo que evidencia problemas de gestión más allá de la falta de recursos.
En este contexto, Gallardo subrayó el rol del sector privado, especialmente en industrias como la minería, para articularse con el Estado y la sociedad civil, generando soluciones que trasciendan los intereses individuales.
“Si los proyectos que el sector privado emprende en un territorio contribuyen a hacerlo más competitivo —mejorando conectividad, servicios básicos o seguridad— eso no solo asegura la sostenibilidad del negocio, también impulsa el desarrollo regional”, afirmó. Para el IPE, “competitividad y sostenibilidad van de la mano”, y la rentabilidad de los proyectos depende de transformar esa visión en acciones concretas y sostenidas en el tiempo.
