Lima, 14 de mayo de 2025. A través de un Decreto de Urgencia, el Gobierno Nacional decidió revocar 1.425 inscripciones en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), localizados en la provincia liberteña de Pataz. Esta medida se dio con el objetivo de impedir que dichos registros sirvan de camuflaje para actividades relacionadas a la extracción ilícita de oro.
Esta revocatoria masiva se dio al amparo del Decreto de Urgencia 006-2025, publicado en el Diario Oficial El Peruano que dispone la intervención coordinada en Pataz para el control y la fiscalización de insumos químicos, explosivos y materiales relacionados, equipos, maquinarias y productos mineros; y otras medidas excepcionales. Según los registros revocados por distritos corresponden 144 en Tayabamba, 585 en Parcoy y 696 en Pataz.
Seguimiento con tecnología
El decreto de urgencia también dispone la implementación de un sistema piloto de trazabilidad de la comercialización del oro, que estará a cargo del Ministerio de Energía y Minas (Minem), y un sistema de control y monitoreo inalámbrico (con GPS) para los vehículos de transporte de mercancías, que será responsabilidad de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran).
Con estos sistemas se obtendrán datos estadísticos y se identificarán desvíos de explosivos y otros insumos para la minería ilegal (cianuro, explosivos, maquinaria), y del producto aurífero. Toda esa información servirá para imponer sanciones.
Puestos de control
Mientras continúan los operativos y patrullajes organizados desde el Comando Unificado de Pataz y protagonizados por efectivos de las Fuerzas Armadas, a través del Comando Operacional Norte, y de la Policía Nacional del Perú, se implementan tres puestos de control en igual número de accesos a la zona aurífera de la provincia liberteña.
En ellos no solo estarán integrantes de las fuerzas del orden, también representantes y equipos del Minem, la Sutran, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), el Ministerio Público, y la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec).
El decreto supremo autoriza, igualmente, la transferencia de partidas hasta 52.6 millones de soles en el Presupuesto Público del Año Fiscal 2025, a fin de llevar a la práctica todas estas disposiciones y dotar de recursos a las entidades involucradas en el control y la fiscalización de la actividad minera. Se trata del mayor desembolso de la caja estatal hasta el momento para combatir a la minería ilegal en esta zona liberteña.
