La Cerro de Pasco

186 187 la cerro de pasco la mayor inversión del siglo xx Durante los dos años siguientes hubo tratativas, marchas y contramarchas en la negociación. El medio corporativo Peruvian Times, publicado el 28 de setiembre de 1973, adelantó que la compañía renunciaría a las negociaciones que sostenían ambas partes. La declaración fue obtenida de una fuente de la empresa en Nueva York que, además, acusaba al gobierno peruano de haber sostenido una negociación a dos caras. Al día siguiente, el oficialismo calificaría esa declaración como “provocativa, subversiva e inaceptable” y acusó a la compañía de querer hacerle un daño al país socavando la imagen y prestigio que, con tanto esfuerzo, había conseguido ante las entidades de asistencia técnica y financiera internacionales. Después de ese cruce mediático, la corporación dejó entrever que se sentían obligados a vender porque, en su opinión, el gobierno tenía ya trazado un plan para que los activos mineros de trasnacionales en suelo peruano pasaran a poder del Estado. Siendo la Cerro la que poseía más activos, era lógico que el gobierno la tuviera como uno de sus objetivos. Por entonces ya se habían estatizado, además de la IPC, empresas pesqueras, eléctricas, industrias, los servicios de telefonía, de agua, y era previsible que ese afán nacionalizador se extendería al sector minero. Es más, la promulgación de una serie de decretos que afectaban la conducción de la compañía evidenciaban, para la Cerro, una intención de hostigarla y desmembrarla. El propio Velasco Alvarado afirmó que el Estado tomaría la empresa por la fuerza si es que las negociaciones no llegaban a buen puerto pero, más adelante, el oficialismo argumentaría que las declaraciones del presidente habían sido tergiversadas. A juicio de los propietarios se trataba de “un claro esfuerzo para bajar el precio que la Cerro debería terminar aceptando por la compañía”. Y en ese sentido, el entonces Ministro de Relaciones Exteriores, General Miguel Ángel de la Flor, reveló a un diario de Los Ángeles que el gobierno no tenía intención de pagar más de 12 millones de dólares por todo el negocio, agregando que la empresa estaba incitando a un enfrentamiento entre el Perú y Washington. Según revela Mario Samamé Boggio, en su libro Minería Peruana, el entonces Director Ejecutivo de la empresa, C. Gordon Murphy, insinuó que habían “entrado en contacto con la Secretaría del Tesoro Norteamericano para solicitar la ‘Enmienda González’ y presionar ante el BID para que este cortara la única línea de crédito que el Perú disponía: 12’300,000 dólares”. Por supuesto, ese exceso fue condenado por toda la sociedad peruana y aprovechado astutamente por el gobierno en los medios de prensa adeptos a la llamada revolución. Gordon Murphy declinó de hacer declaraciones, pero en la Memoria de la compañía de 1973 resumió el tenor de las negociaciones: “Durante este periodo consideramos un amplio espectro de alternativas, incluyendo la participación del gobierno en el negocio, que ha venido operando en el Perú por 72 años. En el curso de estos debates hicimos dos ofertas: la primera, en diciembre de 1971, de vender la empresa en su integridad al gobierno peruano; y la segunda, en julio de 1972, de venderle el cincuenta por ciento de los intereses de la compañía o cualquier porcentaje razonable que ellos quisieran comprar. Asociada a cada oferta estaba nuestra propuesta de conseguir un financiamiento seguro para llevar a cabo una mayor expansión de las minas y del Complejo Metalúrgico. Durante 1971 y 1972 el gobierno peruano estudió la propuesta con exhaustivo detalle y nos notificó que deseaban adquirir el 100% de la rama peruana, subsidiaria de la Cerro de Pasco. Sin embargo, no pudimos llegar a un acuerdo sobre el precio, razón por la que en setiembre de 1973, se rompieron las negociaciones. Antes y después de estos eventos, el gobierno había declarado públicamente su intención de expropiar la Cerro de Pasco”. Más allá de las normas que habían afectado parte de su patrimonio, la compañía enumeró varias acciones que entendía abusivas y discriminatorias. Por ejemplo, los cambios inesperados en las regulaciones tributarias; el bloqueo izquierda– Las protestas contra la compañía se extendieron a la sede de la empresa en la Plaza San Martín de Lima. Derecha– C. Gordon Murphy, presidente de la corporación, anunció el retiro de las negociaciones con el gobierno peruano. Se acercaba el fin.

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