Cuando las cifras hablan: por qué el Perú debe apostar por la minería formal

Presentado por:

Juan Carlos Ortiz

Presidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú

Las cifras confirman una realidad que no debe pasar desapercibida: cuando la minería se desarrolla de manera formal, ordenada y bajo el marco legal, los beneficios para el país son concretos y medibles. Entre enero y octubre de 2025, la recaudación fiscal vinculada al subsector minero alcanzó los S/ 19,738.7 millones, lo que representa un crecimiento de 31% frente al mismo periodo de 2024. Este resultado no solo responde a un mejor contexto de precios, sino que reafirma el rol de la minería formal como pilar de la economía peruana.

Desde el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP) consideramos que estas cifras deben ocupar un lugar central en el debate público. La minería formal contribuye de manera decisiva al financiamiento del Estado a través de impuestos, canon y regalías, recursos que permiten sostener servicios básicos, inversión pública y programas sociales en las regiones. Sin embargo, este aporte convive con una realidad preocupante: el avance persistente de la minería ilegal e informal, que no tributa, no cumple estándares ambientales ni laborales y genera severos impactos sociales.

En este contexto, resulta relevante la decisión del Gobierno de ejecutar el Censo Nacional de la Pequeña Minería y Minería Artesanal, una medida largamente esperada. La ampliación del Reinfo establece que este censo será realizado de manera conjunta por el INEI, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) y el Ingemmet, y deberá ejecutarse en un plazo máximo de seis meses, con una duración total que no exceda los 12 meses. Contar con información confiable y actualizada es un paso indispensable para diseñar políticas públicas efectivas, diferenciar con claridad a los actores formales de los ilegales y avanzar hacia una verdadera formalización.

No obstante, el desafío es mayor cuando se observan las dimensiones del daño que provoca la minería ilegal en el país. De acuerdo con estimaciones del Instituto Peruano de Economía (IPE), esta actividad afecta el desarrollo de proyectos mineros en cartera por al menos US$ 12,000 millones. La minería ilegal invade áreas naturales protegidas como Tambopata, se superpone a operaciones formales en regiones como Apurímac y La Libertad, y ocupa espacios donde no se permitió el desarrollo de minería formal, como ocurrió en Conga, en Cajamarca. El costo de esta situación no es solo económico, sino también ambiental, social e institucional.

Así, mientras la minería formal aporta recursos clave para el desarrollo, la minería ilegal bloquea inversiones equivalentes a miles de millones de dólares y perpetúa un modelo extractivo sin control ni beneficios para el país. Desde el IIMP creemos que el camino es claro: fortalecer la formalización, mejorar la fiscalización, agilizar los procesos administrativos y apostar por información precisa y transparente, como la que proporcionará el censo anunciado. 

En esta última columna del 2025, es necesario subrayar el dilema que enfrenta el Perú. Consolidar una minería formal que genere recursos, empleo y desarrollo sostenible, o permitir que la ilegalidad siga ganando espacio a costa del medioambiente, la seguridad y el crecimiento económico. Las cifras ya muestran cuál es la opción que más le conviene al país. Ahora, corresponde actuar con decisión y coherencia.