Minería formal y Estado de derecho: una agenda impostergable

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La minería mundial atraviesa una etapa de profunda transformación. La creciente demanda de minerales críticos, los nuevos estándares ambientales y sociales, y un escenario geopolítico cada vez más complejo están redefiniendo la forma en que se desarrollan las inversiones. Según especialistas internacionales, las grandes fusiones están dando paso a nuevas formas de asociación, como los joint ventures, que permiten compartir riesgos y acelerar proyectos estratégicos.

Este escenario representa una oportunidad para países como el Perú, que cuenta con una de las carteras mineras más importantes del mundo y una posición privilegiada para abastecer la creciente demanda global de cobre y otros minerales esenciales para la transición energética. Sin embargo, el potencial geológico por sí solo no garantiza el desarrollo. La inversión buscará aquellos destinos que ofrezcan estabilidad, seguridad jurídica, instituciones sólidas y capacidad para ejecutar proyectos de manera eficiente y responsable.

Por ello, resulta fundamental que el país fortalezca su competitividad y genere las condiciones necesarias para atraer nuevas inversiones. No podemos permitir que la excesiva burocracia, la incertidumbre regulatoria o la falta de articulación entre instituciones nos hagan perder oportunidades que otros países están aprovechando con mayor rapidez.

Pero existe un desafío aún más urgente. La minería ilegal ha dejado de ser únicamente un problema ambiental o económico para convertirse en una amenaza directa a la gobernabilidad, la seguridad y el Estado de derecho. Los recientes operativos realizados en Madre de Dios, que permitieron destruir campamentos e incautar bienes valorizados en más de US$ 18 millones, demuestran que el Estado tiene capacidad de respuesta cuando existe coordinación entre las distintas entidades públicas. Sin embargo, también evidencian la magnitud del problema que enfrentamos.

La minería ilegal destruye bosques y ríos, contamina ecosistemas, promueve la trata de personas, alimenta redes de corrupción y fortalece organizaciones criminales que buscan capturar territorios y debilitar la autoridad del Estado. Además, genera una competencia profundamente desleal frente a la minería formal, que cumple obligaciones ambientales, laborales, tributarias y sociales.

En ese contexto, el próximo gobierno asumirá una enorme responsabilidad. La lucha contra la minería ilegal no puede depender de operativos aislados ni de respuestas coyunturales. Se requiere una estrategia nacional de largo plazo que combine inteligencia, control territorial, trazabilidad, fortalecimiento institucional, justicia efectiva y alternativas económicas sostenibles para las poblaciones involucradas. Asimismo, es indispensable que los procesos de formalización recuperen su propósito original y no continúen siendo utilizados como mecanismos de protección para actividades que permanecen al margen de la ley.

Desde el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú reafirmamos que la mejor respuesta frente a la ilegalidad es una minería moderna, formal, transparente y responsable. Una minería capaz de generar empleo de calidad, impulsar el desarrollo regional, fortalecer las cadenas productivas y contribuir al bienestar de millones de peruanos.

El Perú tiene todo para consolidarse como una potencia minera en las próximas décadas. Pero para lograrlo necesita algo más que recursos minerales: necesita instituciones fuertes, reglas claras y la decisión política de defender la legalidad. El desafío es grande, pero también lo es la oportunidad. Lo que está en juego no es solo el futuro de la minería, sino la capacidad del país para transformar su riqueza mineral en desarrollo, seguridad y prosperidad para las próximas generaciones.