El Perú debe defender su minería formal

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Las noticias de esta semana reflejan con claridad el momento que vive la minería peruana. Por un lado, el sector continúa siendo uno de los principales motores de la economía nacional, con exportaciones que superaron los US$ 21 mil millones al cierre de abril y más de S/ 4,100 millones transferidos a las regiones mediante canon, regalías y otros conceptos. Por otro, el país enfrenta dos desafíos que no pueden seguir postergándose: aprobar una nueva Ley MAPE y detener el acelerado avance de la minería ilegal, que hoy comienza a expandirse también sobre el cobre.

Desde el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú sostenemos que estas tres noticias forman parte de una misma agenda. La minería formal genera empleo, inversión, infraestructura, divisas y recursos para las regiones. Pero ese aporte solo podrá sostenerse si el país fortalece su institucionalidad y brinda condiciones que permitan desarrollar la actividad minera con reglas claras, seguridad jurídica y una política pública de largo plazo.

En ese contexto, resulta fundamental que el próximo Congreso otorgue prioridad al debate de una nueva Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley MAPE). El Perú necesita una norma definitiva, técnicamente sólida y plenamente aplicable, que diferencie con claridad a quienes realmente buscan incorporarse a la formalidad de quienes utilizan los procesos de formalización para encubrir actividades ilegales.

La formalización debe ser un camino con objetivos, plazos y resultados concretos. No puede convertirse en un mecanismo permanente que prolongue la incertidumbre y termine favoreciendo a organizaciones que operan al margen de la ley. El pequeño productor que quiere hacer bien las cosas necesita reglas claras, acompañamiento técnico y oportunidades para integrarse a la economía formal; quienes actúan ilegalmente deben enfrentar todo el peso de la ley.

La alerta del Fondo Monetario Internacional sobre el rápido crecimiento de la minería ilegal del cobre confirma que este fenómeno está adquiriendo una dimensión aún más preocupante. Ya no estamos frente a un problema concentrado únicamente en el oro. La expansión hacia el cobre amenaza directamente el desarrollo de nuevos proyectos, la competitividad del país y una actividad estratégica para la transición energética mundial.

La minería ilegal no solo destruye ecosistemas, evade impuestos o incumple estándares ambientales y laborales. También fortalece economías criminales, financia redes ilícitas y debilita la capacidad del Estado para ejercer autoridad en el territorio. Permitir que avance sobre minerales estratégicos significa poner en riesgo una de las principales ventajas competitivas que tiene el Perú frente al mundo.

Desde el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú creemos que el país atraviesa una oportunidad histórica. La demanda mundial de cobre y otros minerales continuará creciendo durante las próximas décadas, y el Perú cuenta con los recursos, el conocimiento y el talento profesional para responder a ese desafío. Pero esa oportunidad solo podrá aprovecharse si somos capaces de fortalecer la institucionalidad, consolidar la formalización y enfrentar con decisión la minería ilegal.

El verdadero debate no es entre minería y desarrollo. El desafío consiste en decidir qué minería queremos promover. Desde el IIMP reafirmamos nuestro compromiso con una minería moderna, competitiva, sostenible y plenamente integrada al desarrollo de las regiones. Esa es la minería que genera bienestar, construye futuro y que el Perú debe defender.