El futuro minero del Perú exige una posición firme contra la ilegalidad

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Desde el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP) recibimos con optimismo el anuncio de la minera sudafricana GoldFields, que evalúa adquirir nuevos proyectos o una mina avanzada en el país ante el futuro cierre de su operación Cerro Corona, en Cajamarca. Esta decisión confirma que el Perú sigue siendo un destino atractivo para la inversión extranjera y que los capitales privados mantienen confianza en nuestro potencial geológico.

El anuncio llega en un momento clave: el país necesita intensificar la exploración minera para descubrir nuevos yacimientos que aseguren la continuidad de la industria, fuente esencial de ingresos fiscales y desarrollo regional. Además, el Perú está llamado a cumplir un rol estratégico en la transición energética global, gracias a su capacidad de producir minerales críticos como el cobre. Ahora, anuncios positivos como el de GoldFields necesitan materializarse, pero para ello es necesario erradicar un cáncer que ha avanzado en las últimas décadas a gran velocidad: la minería ilegal. Un panorama oscuro que está siendo combatido por acciones como las desplegadas por la Marina de Guerra del Perú que ha intensificado sus operativos en el río Madre de Dios donde ha logrado incautar y destruir trece balsas, cuatro motores, dos botes, una bomba de succión y diversos materiales empleados en esta actividad ilícita.

Estas acciones por parte de las autoridades contribuyen a la lucha contra la ilegalidad que está destruyendo bosques, contaminando aguas con mercurio y alimentando el crimen organizado que van mucho más allá de la extracción de oro. Combatir esta problemática no solo busca proteger el medio ambiente, sino también recuperar la soberanía del Estado en lugares donde hoy el crimen parece estar fuera de control y su impacto es devastador.

En otro frente y con el mismo objetivo, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental ha intensificado la lucha contra las mafias mineras y logró destruir 44 bocaminas en la sierra norte de La Libertad y Cajamarca, una operación considerada una de las más grandes del año. 

Si bien aplaudimos el arduo trabajo ejecutado, no deja de ser preocupante que estas mafias de extracción ilegal sean vistas como un poder económico paralelo que brinda ingresos a la población aledaña, logrando así el blindaje y complicidad en torno a esta actividad ilícita desafiando la autoridad del Estado en esas partes del país, ignorando que se trata de un negocio que no paga impuestos, que degrada el ambiente y genera inseguridad en las familias y las comunidades, además de quitarle recursos clave al país. Según un informé que elaboró el Gobierno, solo entre 2023 y 2025 se dejaron de recaudar más de S/ 7,500 millones de impuestos no pagados por la minería ilegal, dinero que hubiese sido empleado en la construcción de colegios, centros de salud, comisarías, carreteras, etc.

La minería ilegal no es un fenómeno marginal: es una amenaza directa al desarrollo sostenible del Perú. Si queremos consolidarnos como socios confiables en el mercado global de minerales, necesitamos una política integral, sostenida y contundente contra este flagelo. Solo así podremos asegurar que la minería formal y responsable siga siendo motor de crecimiento, bienestar y futuro para todos los peruanos.