Inversión minera, formalización y seguridad: una agenda impostergable para el Perú

Presentado por:

Juan Carlos Ortiz

Presidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú

El Perú atraviesa una coyuntura decisiva para el futuro de su desarrollo económico y social. Las recientes proyecciones sobre inversión minera, sumadas al avance sostenido de la minería ilegal del oro, evidencian que el país debe adoptar decisiones firmes y coherentes para aprovechar su potencial minero de manera responsable, sostenible y alineada con el interés nacional.

De acuerdo con el Reporte Semanal de Scotiabank, la inversión minera en el Perú alcanzaría alrededor de US$ 6,400 millones en 2026, lo que representaría un crecimiento cercano al 10%. Este nivel no solo superaría los registros prepandemia, sino que marcaría el punto más alto de la última década. Desde el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), consideramos que esta proyección confirma que la minería continúa siendo un pilar clave de la reactivación económica, la generación de empleo formal y el desarrollo de infraestructura en las regiones.

Esta tendencia ya se viene reflejando en las cifras recientes. En los primeros nueve meses de 2025, la inversión minera creció 15.3% interanual, alcanzando los US$ 3,909 millones, frente a los US$ 3,343 millones del mismo periodo de 2024. Solo en setiembre, las inversiones sumaron US$ 550 millones, el monto mensual más alto del año. Destaca especialmente la inversión en exploración, que entre enero y setiembre llegó a US$ 527 millones, un incremento de 34.5% respecto al año anterior, señal clara de confianza en el
potencial geológico del país.

Sin embargo, este dinamismo de la minería formal convive con una amenaza creciente: la expansión de la minería ilegal del oro, que no tributa, no cumple estándares ambientales ni sociales. Coincidimos con el análisis del Centro de Estudios sobre Minería y Sostenibilidad de la Universidad del Pacífico en que, si el país lograra incorporar más producción de oro al circuito formal, la recaudación fiscal podría incrementarse de manera significativa en un momento en que el Estado enfrenta crecientes demandas sociales y restricciones presupuestales.

Esta situación se agrava cuando observamos que la minería ilegal del oro se ha convertido en una de las principales actividades del crimen organizado. Diversos análisis internacionales muestran que esta actividad ilícita está desplazando incluso al narcotráfico tradicional, al ofrecer menores riesgos, alta liquidez y escasa fiscalización. La llamada narco-minería no solo depreda el medio ambiente y vulnera derechos humanos; también erosiona la institucionalidad, alimenta la inseguridad y priva al Estado de recursos fundamentales para el desarrollo.

El Perú aún está a tiempo de revertir esta tendencia. Consolidar un sector minero fuerte, formal y competitivo permitirá generar riqueza, recaudar más impuestos, impulsar el desarrollo regional y cerrar el espacio a las economías criminales. Desde el IIMP sostenemos que la respuesta debe ser integral: liderazgo político, promoción decidida de la inversión minera formal, aceleración real de la formalización, fortalecimiento de la fiscalización y una lucha frontal contra la minería ilegal. La oportunidad está sobre la mesa; desaprovecharla tendría un costo demasiado alto para el país.