Inversión minera y gobernanza: consolidar el crecimiento formal

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El reciente reporte del Banco Central de Reserva del Perú confirma una señal alentadora: la inversión privada creció 10% en 2025, impulsada principalmente por la inversión no residencial (13%) y, dentro de ella, por el dinamismo del sector minero. Este resultado representa una aceleración significativa frente a años previos y consolida la recuperación observada tras la contracción de 2023.

En un contexto internacional aún marcado por volatilidad económica y tensiones geopolíticas, que el Perú logre atraer capital hacia proyectos de gran escala refleja confianza en su potencial geológico, en su estabilidad macroeconómica y en la capacidad del sector formal para ejecutar inversiones con estándares técnicos y ambientales exigentes.

La inversión minera formal no solo es intensiva en capital y tecnología; también genera empleo formal, dinamiza cadenas de proveedores regionales y contribuye de manera decisiva a la recaudación fiscal que financia infraestructura y servicios públicos. En ese sentido, su fortalecimiento tiene un impacto directo en el desarrollo territorial y en la competitividad del país.

No obstante, esta evolución positiva contrasta con una realidad preocupante. La alerta de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible sobre la presencia de minería ilegal en 22 ríos amazónicos y sus afluentes evidencia la magnitud del desafío ambiental y social que enfrenta el país. La degradación de ecosistemas frágiles y la afectación a comunidades locales no solo generan un daño ambiental irreversible, sino que también comprometen la legitimidad de la actividad minera en su conjunto.

La minería ilegal opera al margen de la normativa, evade impuestos, utiliza insumos contaminantes sin control y genera pasivos ambientales que finalmente deben ser asumidos por el Estado. Además, suele estar vinculada a economías ilícitas que debilitan la institucionalidad y la seguridad en los territorios. Según información oficial, entre 2023 y 2025 el Perú habría perdido alrededor de S/ 7,500 millones como consecuencia de esta actividad.

En este escenario, la reciente destrucción de campamentos ilegales en la Reserva Nacional San Fernando, ubicada en la región Ica, constituye una señal importante de acción estatal. Sin embargo, los operativos deben integrarse en una estrategia sostenida que combine interdicción efectiva, control de insumos, inteligencia financiera y un proceso de formalización con reglas claras y exigencias técnicas reales.

El Perú enfrenta una disyuntiva evidente. Por un lado, la minería formal impulsa la inversión, fortalece la economía y puede posicionar al país como proveedor confiable en un contexto global que demanda más minerales estratégicos. Por otro, la expansión de la ilegalidad erosiona la gobernanza, daña el patrimonio natural y socava la competitividad nacional.

Desde el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú reafirmamos que el crecimiento económico y la sostenibilidad no son objetivos excluyentes. La condición es clara: institucionalidad sólida, predictibilidad normativa y una lucha firme y coherente contra la ilegalidad. Solo así la inversión minera podrá consolidarse como motor de desarrollo sostenible y no verse opacada por actividades que operan fuera del marco legal.