Minería en una encrucijada: inversión, legalidad y responsabilidad política para el desarrollo del Perú

Presentado por:

Juan Carlos Ortiz

Presidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú

El crecimiento de 90.4% en la inversión en infraestructura minera registrado en noviembre de 2025, que alcanzó los US$ 180 millones, constituye una señal clara de confianza del sector en el país y de dinamismo en la ejecución de proyectos. Este avance no solo refleja una recuperación sostenida frente a los niveles de 2024, sino también el esfuerzo de las empresas por modernizar, ampliar y optimizar sus instalaciones en un contexto aún marcado por la incertidumbre regulatoria, social y política.

Desde el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP) consideramos que este impulso debe ser leído como una oportunidad estratégica para el Estado. La inversión en infraestructura minera tiene un alto efecto multiplicador en empleo, encadenamientos productivos y desarrollo territorial. Para sostener esta tendencia resulta indispensable garantizar reglas claras, previsibilidad jurídica y una gestión pública que acompañe los plazos de inversión. De lo contrario, este dinamismo podría verse frenado, afectando la competitividad del sector y su aporte al crecimiento económico nacional.

En este punto, cabe recordar que un informe del Instituto Peruano de Economía (IPE), encargado por el IIMP en 2025, reveló que un proyecto minero en el Perú tarda en promedio 40 años desde la exploración hasta la producción, muy por encima del promedio mundial de 28 años. Estos retrasos responden principalmente a la complejidad de los permisos, desafíos técnicos, y procesos ambientales prolongados, lo que evidencia la urgencia de mejorar la eficiencia del Estado sin relajar estándares.

De otro lado, la promulgación del Decreto Legislativo 1695 representa un avance relevante en el fortalecimiento del marco penal contra la minería ilegal. Al incrementar las penas y ampliar el alcance del delito hacia actividades conexas como el beneficio y el tráfico ilícito de minerales, el Ejecutivo envía una señal política firme frente a una actividad que genera pérdidas económicas significativas y graves impactos ambientales, sociales y de seguridad.

Sin embargo, el verdadero desafío está en la implementación efectiva de la norma. Sin una articulación sólida entre el Ministerio Público, la Policía Nacional, el Poder Judicial y las entidades de fiscalización, el endurecimiento de penas corre el riesgo de quedarse en el papel. Combatir la minería ilegal requiere, además de sanción, una estrategia integral basada en inteligencia operativa, control territorial, presencia sostenida del Estado y alternativas reales de desarrollo formal para las poblaciones involucradas.

En el plano político, la revisión de los planes de gobierno de cara a las elecciones de 2026 revela una preocupante ambigüedad de varios partidos políticos frente a la minería ilegal. El hecho de que al menos diez organizaciones no adopten una posición clara para descartar nuevas ampliaciones del Reinfo genera incertidumbre y envía señales contradictorias al país, debilitando los esfuerzos por consolidar un sector minero formal, responsable y alineado con el desarrollo sostenible.

Desde el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú reiteramos que la lucha contra la minería ilegal no puede estar sujeta a cálculos electorales. El país necesita liderazgo político, coherencia programática y decisiones firmes. La formalización minera debe ser un proceso con plazos claros y exigencias técnicas reales, no un mecanismo indefinido que termine legitimando actividades ilegales. El futuro del sector minero -y del desarrollo del Perú- exige responsabilidades y visión de largo plazo.