La minería formal sostiene al Perú; la ilegal amenaza su futuro

Las cifras hablan por sí solas. Entre enero y mayo de este año, la minería generó el 74% del valor de las exportaciones peruanas, aportando más de US$ 33 mil millones en divisas. En otras palabras, siete de cada diez dólares que ingresan al país por comercio exterior provienen de la minería. Este resultado confirma que la minería formal continúa siendo uno de los principales motores de la economía peruana y una actividad indispensable para sostener el crecimiento, el empleo y la recaudación fiscal.

Detrás de estas cifras hay inversiones de largo plazo, innovación, cumplimiento de estándares ambientales y sociales, generación de empleo formal y miles de proveedores que dinamizan las economías regionales. La minería formal no solo produce minerales; también financia infraestructura, educación, salud y servicios públicos a través del canon, las regalías y los impuestos.

Sin embargo, este aporte contrasta con una realidad que el país ya no puede seguir postergando: el avance sostenido de la minería ilegal.

Las recientes advertencias sobre el Reinfo evidencian una distorsión que debe corregirse. Un mecanismo concebido como excepcional y temporal terminó convirtiéndose, en la práctica, en un régimen de permanencia indefinida. Cada nueva prórroga debilita la institucionalidad, retrasa la verdadera formalización y genera incentivos para que muchos operadores permanezcan fuera del marco legal.

El Perú necesita una política de formalización seria, con reglas claras, plazos definidos y mecanismos efectivos de acompañamiento para quienes realmente desean incorporarse a la legalidad. Pero esa política debe diferenciar con firmeza a los pequeños productores que buscan formalizarse de las organizaciones criminales que utilizan estos mecanismos para seguir operando al margen de la ley.

La preocupación se agrava cuando organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional advierten que la minería ilegal ha dejado de ser un problema localizado para convertirse en una amenaza estructural que invade territorios donde opera la minería formal y expande su presencia aprovechando los altos precios de los minerales. Ya no hablamos únicamente de un problema ambiental. Estamos frente a redes criminales que afectan la seguridad, promueven economías ilícitas, destruyen ecosistemas y ponen en riesgo la gobernabilidad del país.

Desde el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú creemos que el Estado debe responder con una estrategia integral. No basta con operativos aislados ni con ampliar indefinidamente mecanismos transitorios. Es indispensable fortalecer la fiscalización, asegurar la trazabilidad del mineral, controlar las plantas de procesamiento y los canales de comercialización, perseguir las finanzas de estas organizaciones criminales y brindar seguridad jurídica a quienes invierten y cumplen la ley.

El próximo gobierno recibirá un sector minero con enormes oportunidades para seguir impulsando el desarrollo del Perú, pero también el desafío de enfrentar con decisión el crecimiento de la minería ilegal. La diferencia estará en las decisiones que adopte desde el inicio de su gestión. El país necesita recuperar el principio de autoridad, fortalecer la institucionalidad y defender a la minería formal como una actividad que genera bienestar, empleo y desarrollo para todos los peruanos. No hacerlo significaría seguir cediendo espacio a economías ilegales que comprometen el futuro del país.