Minería, institucionalidad y el desafío de no retroceder, por Juan Carlos Ortiz

Presentado por:

Juan Carlos Ortiz

Presidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú

El Perú sigue siendo un país minero. Así lo ha reafirmado recientemente el propio Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), aunque con una precisión relevante: el sector atraviesa un “giro importante”. No se trata únicamente de cifras de inversión o producción, sino de un punto de inflexión en el que la minería formal, la fortaleza institucional del Estado y la lucha contra la ilegalidad definirán buena parte del futuro económico y democrático del país.

Desde el MEF se destaca que la minería continúa siendo un pilar fundamental de la economía nacional, pero también se reconoce que el contexto ha cambiado. Hoy, el reto no es únicamente atraer capitales o ampliar la cartera de proyectos, sino hacerlo en un entorno marcado por mayores exigencias sociales, ambientales y de gobernanza. Este giro debería interpretarse como una oportunidad para fortalecer una minería moderna, responsable y alineada con el desarrollo territorial. Sin embargo, ese camino se vuelve cuesta arriba cuando el Estado muestra señales de debilidad frente a actividades que operan al margen de la ley.

En ese escenario cobra especial relevancia la iniciativa impulsada por la congresista Diana Gonzales para aplicar la figura de la “silla vacía” a parlamentarios condenados por delitos vinculados a la minería ilegal. Más allá del debate técnico o constitucional que pueda suscitar, el mensaje político es claro y necesario: no se puede normalizar que representantes del Estado estén asociados a economías ilegales que depredan el ambiente, vulneran derechos humanos y socavan la autoridad pública. La minería ilegal no es una actividad marginal, sino una de las principales amenazas a la institucionalidad, la seguridad y la competitividad del país.

Esta preocupación se conecta directamente con una advertencia aún más grave, formulada por el presidente de la Confiep, al señalar que “cualquiera puede llegar al Gobierno, incluso con financiamiento de la minería ilegal”. Una afirmación dura, pero realista, que debería encender todas las alarmas. Cuando el dinero ilegal se infiltra en la política, no solo distorsiona la competencia electoral, sino que captura decisiones públicas, debilita la democracia y altera las reglas de juego para los sectores productivos formales que sí cumplen la ley.

Según datos de la Presidencia del Consejo de Ministros, entre 2023 y 2025 el Perú ha perdido alrededor de S/ 7,500 millones a causa de la minería ilegal. Son recursos que dejaron de destinarse a cerrar brechas sociales, mejorar infraestructura y fortalecer servicios básicos, mientras las economías criminales consolidan su presencia territorial y su capacidad de influencia.

La paradoja es evidente: mientras la minería formal enfrenta procesos cada vez más complejos, largos e inciertos para sacar adelante proyectos de inversión, la minería ilegal avanza con rapidez, ocupa territorios, corrompe autoridades y, en algunos casos, financia campañas políticas. Esto no solo genera una competencia desleal, sino que envía una señal profundamente equivocada a inversionistas y ciudadanos: que cumplir la ley es más costoso que evadirla.

Si el Perú quiere sostener su condición de país minero en el largo plazo, el “giro importante” al que alude el MEF debe incluir un fortalecimiento real del Estado. No bastan discursos ni medidas aisladas. Se requiere una estrategia integral que combine
promoción de la inversión responsable, simplificación administrativa, presencia efectiva del Estado en los territorios y una lucha frontal contra la minería ilegal y sus redes de financiamiento. Blindar el sistema político frente al ingreso de recursos ilícitos es una condición indispensable, porque sin instituciones sólidas no hay desarrollo sostenible posible.

Desde el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú creemos firmemente que la minería formal puede y debe ser parte de la solución a muchos de los desafíos del país, a través de la generación de empleo, canon y regalías para las regiones, innovación tecnológica y su aporte a la transición energética. Pero para que ello ocurra, el país debe tomar decisiones firmes. Tolerar la ilegalidad, mirar al costado o relativizar sus impactos solo nos conduce a un escenario de mayor conflictividad, menor inversión y debilitamiento democrático.

El Perú sigue siendo un país minero. La verdadera pregunta es si seremos capaces de consolidar una minería que contribuya al desarrollo y a la gobernabilidad, o si permitiremos que la ilegalidad y la captura del Estado nos hagan retroceder décadas.