Presentado por:
Juan Carlos Ortiz
Presidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú

La minería peruana muestra señales claras de recuperación. De acuerdo con el Ministerio de Energía y Minas, en noviembre de 2025 la producción nacional de zinc creció 13.7%; la de plomo, 10.8%; la de mineral de hierro, 5.6%; y la de plata, 0.03%, en comparación con el mismo mes del año anterior.
Estas cifras reflejan la resiliencia y competitividad del sector, así como su papel fundamental en la economía nacional, al generar empleo, inversión y desarrollo en diversas regiones del país. En un contexto internacional marcado por la volatilidad de precios y tensiones geopolíticas, mantener una tendencia positiva en producción constituye una señal relevante de estabilidad operativa y capacidad de respuesta.
Sin embargo, consolidar esta recuperación exige algo más que buenos indicadores. Desde el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP) consideramos que estos avances deben estar acompañados de un entorno de mayor institucionalidad y formalidad. En ese sentido, la decisión del Gobierno de replicar el Modelo Pataz en Cajamarca y otras zonas del país representa una medida necesaria para enfrentar de manera integral la minería ilegal y su vinculación con el crimen organizado.
La minería ilegal no solo erosiona la recaudación fiscal y distorsiona la competencia, sino que también provoca graves impactos sociales, ambientales y de seguridad. Según una investigación de la Universidad Nacional de Cajamarca, esta actividad en zonas como Chugur, El Tingo, Sinchao, Hualgayoc y Bambamarca moviliza alrededor de S/ 6 mil millones al año, recursos que operan al margen de la legalidad y fuera de cualquier esquema de desarrollo formal.
Pero el desafío no se limita a la ilegalidad. El país enfrenta un problema estructural que condiciona su desarrollo: la corrupción. Tal como se analizó en el reciente Jueves Minero del IIMP, este fenómeno debilita la institucionalidad, afecta la calidad del gasto público y distorsiona la ejecución de inversiones estratégicas. Entre 2021 y 2023, el Perú habría perdido aproximadamente S/ 72 mil millones por efectos de la corrupción, según estimaciones de la Contraloría General de la República.
Sin integridad pública, transparencia y rendición de cuentas, ningún sector —incluida la minería— puede desplegar plenamente su potencial. La inversión requiere reglas claras, previsibilidad y confianza en las instituciones.
Desde el IIMP reafirmamos que la minería peruana tiene la capacidad de seguir siendo uno de los principales motores del desarrollo nacional. Pero ese liderazgo solo será sostenible si se fortalece la formalidad, se consolida la presencia efectiva del Estado en el territorio y se promueve una cultura de integridad tanto en el sector público como en el privado.
El Perú cuenta con recursos, experiencia técnica y cartera de proyectos. El reto es garantizar que ese potencial se traduzca en desarrollo ordenado, competitivo y sostenible, en beneficio de todos los peruanos.
Presentado por:
Presidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú
Juan Carlos Ortiz
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Juan Carlos Ortiz
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