Récord exportador y un desafío pendiente: consolidar la minería formal

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El 2025 cerró con una noticia que confirma el papel clave de la minería en la economía del país. Las exportaciones mineras del Perú alcanzaron un récord histórico de más de US$61 mil millones, según cifras de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. Este resultado refleja tanto el buen momento de los mercados internacionales como la capacidad del país para sostener una industria competitiva que continúa siendo el principal motor de nuestras exportaciones y una fuente fundamental de divisas, empleo e inversión.

Este logro, sin embargo, también invita a mirar con atención los desafíos que enfrenta el sector. El crecimiento de la minería formal, que opera con estándares ambientales, laborales y sociales, contrasta con la persistencia de actividades ilegales que generan graves daños ambientales y debilitan la institucionalidad en los territorios donde operan.

Se estima que la minería ilegal ha provocado la pérdida de más de 100 mil hectáreas de bosques y la contaminación de
múltiples fuentes de agua. Solo en el río Nanay, en Loreto, se calcula el uso de 1.4 toneladas de mercurio al año por dragas
ilegales, de acuerdo con información del Ministerio del Ambiente.

En ese contexto, la reciente sentencia contra seis personas por el delito de minería ilegal agravada constituye una señal importante desde el sistema de justicia. Sancionar estas prácticas contribuye a reforzar el principio de legalidad que debe regir toda actividad económica. La minería formal no puede convivir con redes ilegales que destruyen ecosistemas, generan economías paralelas y afectan la seguridad de las comunidades.

Los avances institucionales también empiezan a reflejarse en cifras. Según las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental (FEMA), durante el 2025 se lograron 812 sentencias por delitos ambientales en el país. Asimismo, el Ministerio Público realizó 330 acciones contra la minería ilegal y destruyó más de 22 mil bienes utilizados en esta actividad. Si bien estos resultados muestran un esfuerzo del Estado, el desafío sigue siendo enorme y requiere acciones sostenidas en el tiempo.

Desde el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú consideramos igualmente importante aclarar algunos mitos que suelen aparecer en el debate público. Uno de los más extendidos sostiene que la minería informal genera desarrollo en los territorios donde opera. La evidencia muestra lo contrario. Un estudio reciente del Videnza Instituto revela que los distritos con fuerte presencia de minería no formal no presentan mejoras significativas en indicadores como ingresos, acceso a educación o esperanza de vida. Por el contrario, estas actividades tienden a perpetuar condiciones de precariedad y limitar las oportunidades de desarrollo sostenible.

La diferencia con la minería formal es clara. Cuando esta actividad se desarrolla dentro del marco de la ley, contribuye al
progreso de las regiones a través del canon, las regalías, la generación de empleo formal, la inversión social y el impulso de
cadenas productivas locales. Con reglas claras y supervisión efectiva, la minería puede convertirse en una herramienta clave para reducir brechas y promover crecimiento.

El desafío para el Perú, entonces, no es solo celebrar los récords de exportación, sino consolidar un entorno que promueva la inversión responsable y enfrente con firmeza las actividades ilegales. Esto implica fortalecer las instituciones, impulsar procesos de formalización efectivos y asegurar que los beneficios de la minería lleguen realmente a la población.

En un contexto global donde los minerales serán cada vez más demandados para la transición energética y el desarrollo tecnológico, el Perú tiene una oportunidad extraordinaria. Aprovecharla dependerá de nuestra capacidad para apostar por una minería moderna, formal y sostenible, que genere valor
para el país y bienestar para todos los peruanos.