Trazabilidad, inversión y seguridad: tres pilares para el futuro de la minería peruana

Presentado por:

Juan Carlos Ortiz

Presidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú

El dinamismo reciente de la inversión minera que alcanzó los US$ 3,343 millones a agosto de este año, según el Ministerio de Energía y Minas, representa una señal alentadora para la economía nacional. Este crecimiento de 12.8% respecto al 2024, liderado por empresas como Southern Perú, Las Bambas y Antamina, confirma la confianza en el potencial geológico del país y la capacidad de la minería formal para sostener el desarrollo incluso en contextos globales desafiantes.

Desde el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP) consideramos que mantener este impulso requiere reglas claras, estabilidad política y un marco regulatorio predecible que fomente la exploración y el desarrollo sostenible. La minería no solo debe medirse en montos de inversión, sino también en su impacto en el bienestar de las regiones, la generación de empleo y el fortalecimiento de la institucionalidad. Cada dólar invertido en proyectos formales fortalece la competitividad del Perú.

En ese contexto, saludamos la propuesta de establecer un sistema nacional de trazabilidad del oro, planteada por el empresario minero Roque Benavides. Este mecanismo permitiría certificar el origen del mineral desde su extracción hasta su comercialización, fortalenciendo la transparencia y cerrando los espacios al oro de procedencia ilícita.

Según el Instituto Peruano de Economía, el Perú concentra más del 40% del oro ilegal exportado por Sudamérica, lo que demuestra la magnitud del problema. Esta actividad ilícita no solo causa graves daños ambientales, sino que también está vinculada a delitos como lavado de activos,  trata de personas y explotación infantil.

La creación de un sistema de trazabilidad moderno —basado en tecnología, interoperabilidad y colaboración entre el Estado, las empresas y la sociedad civil—  permitiría al país ofrecer minerales con valor ético y sostenible, atributos cada vez más exigidos por los mercados internacionales.

Al mismo tiempo, los hechos recientes ocurridos en Pataz, La Libertad, donde se rescató a 15 personas secuestradas en una mina tras un violento enfrentamiento con mineros ilegales, revelan la dimensión criminal que ha alcanzado esta actividad. La minería ilegal ya no es solo un problema ambiental o económico: se ha convertido en una amenaza directa a la seguridad y la gobernabilidad del país.

Frente a ello, el Estado debe desplegar una respuesta integral y articulada, que combine presencia efectiva, formalización, fiscalización y desarrollo alternativo para las comunidades. Los operativos son necesarios, pero no suficientes si no van acompañados de políticas sostenidas y coordinación entre los sectores Interior, Defensa, Energía y Minas, y los gobiernos regionales.

La minería formal, moderna y responsable debe ser parte activa de la solución, contribuyendo con conocimiento técnico, gestión ambiental y empleo digno. Solo así podremos asegurar que el Perú mantenga su liderazgo como potencia minera global, capaz de generar riqueza con trazabilidad, legalidad y equidad.