Por segundo año consecutivo, la República Democrática del Congo desplazó al Perú del segundo lugar como mayor productor mundial de cobre, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). La diferencia es considerable: alrededor de 600 mil toneladas métricas finas (TMF) anuales.
Para el 2025, el gobierno proyecta una producción de 2.8 millones de TMF, cifra que, de cumplirse, marcaría un avance hacia la meta de 4 millones de TMF anuales en los próximos años. Solo alcanzando ese volumen podremos recuperar la segunda posición global y sostenerla en el tiempo.
En ese contexto, desde el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP)recibimos con optimismo la reciente aprobación del Primer Informe Técnico Sustentatorio del proyecto cuprífero Zafranal, ubicado en Arequipa. Presentado por Compañía Minera Zafranal, contempla una inversión adicional de más de US$ 330 millones. Esperamos que este proyecto, ubicado en una región minera por tradición, inicie su construcción este año, sumando capacidad productiva y competitividad al país en un momento en que la demanda de cobre crece por la transición energética global.
Pero Zafranal no puede ser un caso aislado. Proyectos como Tía María y Yanacocha Sulfuros deben salir del círculo de la paralización y la maraña de trámites burocráticos,y por fin empiecen a destrabarse una vez cumplan con todos los requisitos ambientales y normativos para que así puedan contribuir al desarrollo económico nacional de las siguientes generaciones.
También saludamos la campaña Formalización Responsable del Ministerio de Energía y Minas (MINEM), que viene brindando asistencia técnica y orientación a pequeños mineros del sur del país. La pequeña minería y la minería artesanal generan miles de empleos y son sustento para muchas familias; sin embargo, requieren condiciones adecuadas para desarrollarse y no verse afectadas por la minería ilegal.
En ese sentido, preocupa la confirmación por parte del Gobierno de una operación informal de cobre a gran escala en terrenos de la mina Las Bambas, valorizada en más de US$ 300 millones anuales. La expansión de estas actividades ilegales, incentivada por el alza del precio del mineral, trae consigo criminalidad, contaminación, trata de personas y deforestación indiscriminada. Este problema erosiona el Estado de derecho, debilita la gobernanza y pone en riesgo la minería formal, que sí cumple estándares ambientales y sociales, además de generar empleo formal de calidad.
El reto es claro: si queremos recuperar nuestro liderazgo global en la producción de cobre, necesitamos decisiones estratégicas que promuevan inversión responsable, destraben proyectos, impulsen la formalización y erradiquen la minería ilegal. Solo así el Perú podrá aprovechar plenamente su potencial cuprífero y contribuir al desarrollo sostenible de las próximas décadas.
