Desde el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP) sostenemos que la minería formal es una de las principales herramientas con las que cuenta el país para cerrar brechas sociales y fortalecer las economías regionales. Sin embargo, ese objetivo solo será posible si el Estado ofrece condiciones que generen confianza y garanticen un entorno favorable para la inversión responsable.
En ese contexto, resulta acertado que las autoridades comiencen a incorporar herramientas de inteligencia financiera para enfrentar la minería ilegal. Seguir la ruta del dinero, identificar los flujos financieros e intervenir las redes que financian esta actividad representa un cambio de enfoque necesario. La minería ilegal no sobrevive únicamente por la extracción del mineral; se sostiene gracias a complejas estructuras económicas que lavan activos, comercializan oro de origen ilícito y financian organizaciones criminales.
No obstante, la magnitud del problema continúa creciendo. Las denuncias por minería ilegal aumentaron 53% en lo que va del año, una cifra que confirma que esta actividad sigue expandiéndose a un ritmo preocupante. Esta realidad exige una respuesta mucho más integral que combine inteligencia financiera, control territorial, fortalecimiento de la fiscalización, persecución penal efectiva y el cierre de los canales de comercialización del mineral ilegal. Del mismo modo, resulta indispensable reforzar la presencia del Estado en las zonas más vulnerables, con seguridad, servicios públicos y oportunidades de desarrollo para las poblaciones.
El Perú no puede permitirse que una de sus principales fortalezas económicas conviva con una economía criminal que destruye ecosistemas, financia organizaciones ilegales y debilita la institucionalidad. Combatir la minería ilegal ya no es únicamente un desafío para el sector minero; es una prioridad nacional vinculada a la seguridad, la gobernabilidad y el desarrollo del país.
Desde el IIMP reafirmamos nuestro compromiso con una minería moderna, formal y responsable, convencidos de que el futuro del Perú dependerá de nuestra capacidad para promover la inversión, fortalecer las instituciones y defender la legalidad. Solo así lograremos que la riqueza minera se traduzca en prosperidad y bienestar para todos los peruanos.
