Vivimos un contexto clave para aprovechar los recursos del país. El mundo atraviesa un proceso de transformación hacia una economía verde y en el Perú se producen 8 de los 17 minerales críticos: cobre, hierro, plomo, molibdeno, plata, zinc, indio y grafito que son necesarios para la transición energética.
De acuerdo con cifras oficiales del Ministerio de Energía y Minas (Minem), en enero de este año, las exportaciones de productos metálicos y no metálicos alcanzaron los US$ 4,069 millones, registrando un incremento interanual de 27%, impulsadas por el comportamiento positivo de la cotización de los metales en los mercados internacionales.
Coincidimos con la afirmación del Minem al señalar que el dinamismo de nuestras exportaciones mineras refuerza la competitividad del Perú como un actor clave en el comercio internacional de materias primas.
Estos envíos son impulsados basicamente por la demanda de nuestros principales socios comerciales, por ello, es clave aprovechar la transición a una matriz verde para reforzar el papel de la actividad minera como eje estratégico en la generación de divisas para nuestro país.
Es importante recordar que las plantas de beneficios formales promueven la trazabilidad en la compra del mineral, garantizan el origen legal y se presentan como una oportunidad para fortalecer este sector y garantizar su sostenibilidad. En estas se procesan los minerales provenientes de las minas hasta obtener el metal deseado.
Durante el primer bimestre de este año, la inversión en plantas concentradoras sumó US$ 139 millones, reflejando una disminución del 4.1% respecto al mismo periodo del año anterior (US$ 145 millones).
Sin embargo, vemos con optimismo que el rubro se haya consolidado como el segundo de mayor participación con el 21.2% de la inversión minera ejecutada a nivel nacional y valoramos el esfuerzo de los titulares mineros que concentraron el mayor monto de inversión en ese rubro como Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A., que lideró la inversión en este rubro con US$ 32 millones; Compañía Minera Antamina S.A., en segundo puesto con una inversión de US$ 22 millones y Minera Chinalco Perú S.A. que ocupó el tercer lugar con US$ 19 millones.
De otro lado, sostenemos firmemente que la minería ilegal no solo pone en riesgo la seguridad de los trabajadores, sino que también afecta el desarrollo económico y social de las comunidades. Hace un mes la provincia de Pataz, en la región La Libertad, en el norte del país, sufrió una nueva escalada de violencia debido a la minería ilegal, cobrando muchas vidas de trabajadores.
Tras estos ataques y la creciente problemática, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, anunció que el “oro, que no tenga origen legal, será decomisado” como parte de algunas acciones contra la minería ilegal. Los peruanos necesitamos vivir y trabajar en entornos seguros y la institucionalidad y el estado de derecho son fundamentales para proteger a los trabajadores mineros.
Finalmente, desde el IIMP cuestionamos la nueva ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) en junio próximo, anunciada por el Ministerio de Energía y Minas, hace unos días. Asimismo, vemos con preocupación el debate de la nueva ley MAPE ante la pretensión de cambiar el régimen de concesiones, entre otros que pondría en riesgo la seguridad jurídica y la inversión en el país.
Como institución, rechazamos tajantemente la minería ilegal, actividad que genera impunidad, problemas al desarrollo económico del país y una ola de criminalidad. Reiteramos nuestro llamado al Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial a desarrollar esfuerzos conjuntos para atender un problema que nos afecta a todos como peruanos...
